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El gobierno del presidente Donald Trump por ahora debe dejar de despedir trabajadores durante el cierre del gobierno, ordenó el miércoles un juez federal.
La jueza federal de distrito Susan Illston en San Francisco dijo que los recortes parecían tener motivaciones políticas y que se estaban llevando a cabo sin mucha reflexión.
“En la mayoría de estos programas, la estrategia es muy clara, rápida y eficaz, y tiene un coste humano”, afirmó. “Es un coste humano insoportable”.
Ella concedió una orden de restricción temporal que bloqueaba los recortes de empleos, diciendo que creía que la evidencia en última instancia demostraría que los recortes eran ilegales y excedían la autoridad.
Los correos electrónicos enviados a la Casa Blanca y a la Oficina de Administración y Presupuesto después del fallo del juez del miércoles no fueron respondidos de inmediato.
La decisión del juez se produjo después de que las agencias federales comenzaran a emitir el viernes avisos de despido con el objetivo de reducir el tamaño del gobierno federal. Estos avisos forman parte de un esfuerzo de la administración republicana de Trump para ejercer más presión sobre los legisladores demócratas mientras continúa el cierre gubernamental.
La Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales y otros sindicatos federales habían solicitado a Illston que impidiera que la administración emitiera nuevos avisos de despido e implementara los ya emitidos. Los sindicatos afirmaron que los despidos constituían un abuso de poder para castigar a los trabajadores y presionar al Congreso.
La orden de Illston se produjo cuando el cierre, que comenzó el 1 de octubre, entró en su tercera semana. Los legisladores demócratas exigen que cualquier acuerdo para reabrir el gobierno federal aborde sus demandas de atención médica. El presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, predijo que el cierre podría convertirse en el más largo de la historia, afirmando que “no negociará” con los demócratas hasta que suspendan esas demandas y reabran.
Los demócratas han exigido que los subsidios a la atención médica, implementados inicialmente en 2021 y prorrogados un año después, se vuelvan a extender. También quieren que cualquier proyecto de ley de financiación gubernamental revierta los recortes a Medicaid incluidos en las grandes exenciones fiscales y recortes de gastos de Trump, aprobadas este verano.
La administración Trump ha estado pagando a los militares y prosiguiendo su ofensiva contra la inmigración, al tiempo que recorta empleos en los sectores de la salud y la educación, incluyendo la educación especial y los programas extraescolares. Trump afirmó que los programas favorecidos por los demócratas están siendo atacados y que, en muchos casos, nunca volverán.
En una presentación judicial, la administración dijo que planeaba despedir a más de 4.100 empleados en ocho agencias.
Los sindicatos dicen que los avisos de despido son un intento ilegal de presión política y represalia y se basan en la falsa premisa de que una falta temporal de financiación elimina la autorización del Congreso a los programas de la agencia.
El gobierno dice que el tribunal de distrito carece de jurisdicción para escuchar decisiones laborales tomadas por agencias federales.
