El exgobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores fue vinculado hoy a proceso por los delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En un nuevo juicio que le abrió la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas, el juez de control decretó la medida contra el exmandatario en una audiencia que duró más de 15 horas.
Las pruebas que presentó la Fiscalía contra Eugenio Hernández fueron los ingresos y gastos realizados por el exgobernador durante 2000 a 2010 cuando fue servidor público.
La próxima audiencia para el desahogo de pruebas se fijó para enero de 2019.
Las investigaciones de las autoridades de Estados Unidos contra Hernández Flores destacan que lavó dinero en bancos de Texas, alrededor de 30 millones de dólares a través del empresario Guillermo Flores Cordero. Además, en México su cuñado Óscar Flores Guerra manejó cuentas del exgobernador por aproximadamente cuatro mil 500 millones de pesos.
Por esos delitos la justicia estadounidense solicitó la extradición de Hernández Flores, misma que se podría concretar cuando concluya el juicio de amparo que sus abogados interpusieron contra esa medida.
Por otra parte la Fiscalía Anticorrupción también informó que la Procuraduría General de la República (PGR) liberó dos predios de mil 600 hectáreas ubicados en el municipio de Altamira, Tamaulipas, los cuales se encontraban asegurados de manera cautelar por la dependencia.
“La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), solicitó al Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio en Tamaulipas, la cancelación del gravamen sobre un predio de mil 600 hectáreas propiedad del gobierno del estado y que fueron vendidas de manera irregular a una empresa particular”, informó la fuente.
La PGR, mantenía estos terrenos en calidad de asegurados como medida cautelar en una indagatoria de la SIEDO, sin embargo, las acciones que inició el gobierno estatal, permitieron que los terrenos fueran liberados del aseguramiento y hoy se encuentren libres de gravamen.
En octubre de 2017, el gobierno de Tamaulipas inició el proceso legal de recuperación de los terrenos localizados en el Puerto de Altamira, cuando la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción logró que se librara orden de aprehensión contra personas implicadas en la averiguación previa penal 14/2017.
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