Es la segunda vez esta semana que el Tribunal Supremo de Estados Unidos asesta un duro golpe a las políticas discriminatorias de Donald Trump. Este jueves, por una ajustada mayoría —cinco contra cuatro—, la máxima instancia jurídica del país ha rechazado eliminar la protección legal para 700.000 jóvenes que llegaron de niños a Estados Unidos. El presidente del Supremo, el conservador John Roberts, ha señalado que las acciones de la Administración habían sido “arbitrarias” y “caprichosas” pero también ha indicado que no eran una violación de la cláusula de protección de la igualdad de la Constitución, lo que hubiera protegido a DACA (Acción Diferida Para los Llegados en la Infancia) frente a un nuevo asalto. La decisión impide, por el momento, la deportación de esos 700.000 jóvenes inmigrantes.
Conocidos como dreamers (soñadores), Barack Obama puso en pie en 2012 a través de una acción ejecutiva el programa conocido como DACA, que protegía de la deportación a centenares de miles de jóvenes sin residencia legal en el país y les concedía un permiso de trabajo, que deben renovar cada dos años, aunque no constituye un camino a la plena ciudadanía. Desde su llegada a la presidencia, Donald Trump ha tratado de eliminar el programa alegando que ponerlo en marcha fue una decisión “ilegal” e “inconstitucional”. El presidente, a través de su cuenta de Twitter, ha tildado de “horrible” y “motivada políticamente” la decisión del Supremo.
Trump, que precisamente desde su llegada al poder ha logrado inclinar la balanza del Supremo en favor de los conservadores, carga ahora contra el tribunal. “¿Tenéis la impresión de que no le gusto al Tribunal Supremo?”, ha preguntado el mandatario este jueves en Twitter. En opinión del republicano, las últimas decisiones adoptadas por el tribunal “son disparos en la cara de las personas que se enorgullecen de llamarse republicanos o conservadores”. “Necesitamos más jueces o perderemos nuestra Segunda Enmienda y todo lo demás”, ha dicho, aludiendo al derecho de los ciudadanos a portar armas.
En una decisión ajustada, por 5 votos a favor y 4 en contra, los magistrados rechazaron los argumentos de la Administración de Trump de que DACA es ilegal y que los tribunales inferiores no tienen potestad para revisar la decisión de eliminarlo. La Casa Blanca lleva más de dos años intentando tumbar el programa que garantiza la permanencia de los dreamers en suelo estadounidense. Jeff Sessions, antiguo fiscal general de Trump, aconsejó a la Administración que acabara con DACA, argumentando que era ilegal su permanencia.
Sin duda, la esperada decisión del Supremo dará todavía más relevancia al asunto de la inmigración en la campaña de las elecciones presidenciales del próximo noviembre, tema que observa de manera favorable la opinión pública del país, que ve con simpatía a quienes llegaron de niños a EE UU y han vivido aquí prácticamente toda su vida, según distintos sondeos. A pesar de que Trump prometió en su primer día al frente del cargo revocar DACA, el mandatario tardó ocho meses en pasar a la acción, lo que reveló un comprensible temor a sus consecuencias políticas, en un marco en el que el Congreso de EE UU ha fracasado repetidamente en lograr aprobar una ley de reforma migratoria.
El voto de Roberts ha sido de nuevo vital para otorgar la victoria a los colectivos de defensa de los inmigrantes. El presidente del Supremo ha inclinado la balanza a favor de esos jóvenes soñadores al votar junto al ala progresista del tribunal, compuesta por Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan. El juez que fue nombrado por George W. Bush parece estar llamado a convertirse en el centrista que en su momento fue el juez Kennedy, ya que el voto de Roberts está detrás de haber salvado en el Supremo la reforma sanitaria de Obama, ampliado la ley de derechos civiles al colectivo LGTB y todo apunta a que no ampliará la Segunda enmienda.
Desde que se puso en marcha en 2012, el programa DACA otorga protección temporal frente a la deportación a un grupo de jóvenes que cumplieran una serie de requisitos, entre ellos haber entrado en el país con menos de 16 años y vivir permanentemente en EE UU desde 2007. También se les exige que carezcan de antecedentes penales y que estudien o tengan el bachillerato acabado. A cambio se les permite trabajar y conducir, así como acceder a la seguridad social y disponer de una tarjeta de crédito.
Más del 90% de quienes se benefician de DACA tienen un empleo y un 45% están estudiando, según cifras del Gobierno. Como dato relacionado con la actual situación que vive el mundo, los defensores del programa han hecho saber al Supremo que cerca de 30.000 dreamers trabajan dentro del sistema de salud, lo que hace que su labor sea más necesaria que nunca en medio de la pandemia.
Trump, que considera que muchos de esos jóvenes “ni son tan jóvenes ni son precisamente ángeles”, ha sufrido su segunda derrota judicial de esta semana, después de que el Supremo fijase que la ley de Derechos Civiles de 1964 protegía a los trabajadores LGBTQ, algo tan básico como que no se puede despedir a una persona por ser gay o transgénero.
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