Más de 10 años después de su creación, el Congreso de la Unión desapareció el 28 de noviembre al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el órgano autónomo encargado de emitir resoluciones para evitar prácticas monopólicas y crear una mayor competencia en el sector de telecomunicaciones del país, y que mantuvo bajó control a Carlos Slim, el hombre más rico del país, entre otros casos relevantes.
Como parte de sus facultades, el IFT podía imponer multas por competencia desleal o incumplimiento regulatorio, extender la banda ancha en sitios públicos y promover la inclusión digital, además de otorgar concesiones radiofónicas, especialmente a las poblaciones afromexicanas e indígenas.
La sanción más reciente a Slim fue el 11 de septiembre, cuando el órgano autónomo determinó que Telcel debía de pagar una multa de 90.6 millones de pesos derivada de una serie de prácticas monopólicas, las cuales consistían en el otorgamiento de descuentos, incentivos o beneficios a un canal de distribución indirecto con el requisito de no comercializar paquetes de equipos celulares con tarjetas SIM de los competidores en Michoacán, Colima y Jalisco.
Esto provocó que las acciones de América Móvil en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se desplomaran ese día un 1.73% a 15.95 pesos por papel.
El IFT también ha ordenado a Telmex y Telcel a vender teléfonos desbloqueados y sin plazos forzosos para que los usuarios puedan cambiarse de compañía sin problemas.
Slim se convirtió en un sujeto de interés frecuente del órgano autónomo desde el 2014, cuando nombraron a sus empresas, América Móvil, Telmex, Telcel y Grupo Inbursa, como “agentes económicos preponderantes” en el sector al contar con una participación nacional mayor al 50% en los servicios de telecomunicaciones.
De esa manera, estas compañías debían de adoptar medidas específicas para fomentar la competencia; sin embargo, a lo largo de los años han sido señalados por el incumplimiento regulatorio, violaciones de calidad en sus servicios, prácticas anticompetitivas y la negativa a permitir el acceso a infraestructura a competidores.
Además de imponer sanciones, el órgano autónomo también desarrolló junto a la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) el sistema de alertas tempranas por emergencias como las de sismos a través de la telefonía celular, la cual fue utilizada por primera vez en el Simulacro Nacional del 19 de septiembre.
Meses después de su creación, el IFT lanzó la primera licitación para concesionar el uso, aprovechamiento y explotación comercial de canales de transmisión en televisión abierta. El vencedor resultó ser Grupo Imagen, quien lanzó Imagen Televisión en 2016 con una parrilla de programación variada que incluye programas de entretenimiento y noticieros.
Previo a su desaparición, el IFT había advertido que la reforma significaría un retroceso en perjuicio de usuarios y audiencias porque se volvería a un modelo que demostró “tener serias limitaciones”.
Con información de EFE
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