EFE.
El Servicio de Control de Migración y Aduanas (ICE) describió este jueves como “deplorables e inseguras” las condiciones que enfrentan un grupo de sus oficiales y ocho migrantes con antecedentes penales que se encuentran en una base naval estadounidense en Yibuti (África), después de que un juez federal detuviera su vuelo de deportación a Sudán del Sur.
En una declaración judicial, Melissa Harper, la directora ejecutiva adjunta de ICE, expuso el caótico escenario al que se enfrentan 11 agentes migratorios y los ocho detenidos que permanecen en la base aérea desde el mes pasado acatando una orden del juez federal Brian Murphy del Distrito de Massachusetts.
Harper enlistó una serie de riesgos a los que se enfrentan sus hombres y los detenidos, entre los que se encuentra exposición a la malaria, calor extremo, iluminación limitada, escasas medidas de seguridad, y fosas de incineración cercanas que afectan la respiración, entre otros.
Además, la funcionaria advirtió que el Pentágono dijo que los agentes del ICE corren peligro inminente por ataques con cohetes por parte de grupos terroristas en Yemen, país con el que Yibuti comparte frontera marítima. Señaló que su personal carece de chalecos antibalas que los protejan de tales ataques.
Los deportados, entre los que se encuentra un mexicano y un cubano, se encuentran retenidos en un contenedor de carga transformado en sala de conferencias dentro de la base, donde son vigilados por los agentes de ICE, dijo la funcionaria, que cree considera que el lugar no es adecuado para una larga estancia.
La declaración judicial busca que Murphy permita a ICE continuar con sus planes de deportar a los migrantes a Sudán del Sur. De los ocho extranjeros, sólo uno es de ese país y el resto son originarios de Cuba, México, Laos, Birmania y Vietnam.
El vuelo de deportación tuvo que detenerse en Yibuti, acatando la orden Murphy, quien determinó que la administración de Trump violó un fallo que le impedía deportar a esas personas a países donde pueden ser torturadas sin darles la oportunidad de una defensa legal adecuada.
La legislación estadounidense estipula que el gobierno no puede deportar a migrantes a terceros países donde podrían ser torturados o estar en riesgo.
El Departamento de Estado considera a Sudán del Sur como un país peligroso debido al conflicto armado, recomienda a los estadounidenses no viajar allí y a inicios de mayo retiró del país a su personal no esencial.
El juez Murphy dio la opción al gobierno de Trump a llevar a cabo las audiencias de los migrantes en Yibuti, pero las condiciones expresadas por Harper impedirían que se realicen.
La funcionaria también indicó en el expediente judicial que el personal asignado a la base estaría frustrado por la detención de personas con antecedentes penales violentos en la zona militar.
La declaración ha generado cuestionamientos de los defensores de los inmigrantes de por qué la Casa Blanca se niega en traer de regreso a los ocho detenidos donde se puede brindar de manera segura el derecho al debido proceso a los migrantes.
.
