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Un juez federal impedirá temporalmente que la administración del presidente Donald Trump recorte miles de millones de dólares federales que apoyan iniciativas de COVID-19 y proyectos de salud pública en todo el país.
La jueza de distrito estadounidense Mary McElroy, designada por Trump en 2019 pero nominada por primera vez por el expresidente Barack Obama, en Rhode Island dijo el jueves que planea otorgar la orden judicial solicitada por 23 estados y el Distrito de Columbia.
“Tienen argumentos sólidos de que tendrán éxito en cuanto al fondo del asunto, así que voy a conceder la orden de restricción temporal”, dijo McElroy, quien planea emitir un fallo por escrito más adelante.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, tuiteó sobre la decisión del juez inmediatamente después de la audiencia, diciendo: “Continuaremos con nuestra demanda y lucharemos para garantizar que los estados puedan brindar los servicios médicos que los estadounidenses necesitan”.
La fiscal federal adjunta Leslie Kane se opuso a la orden de restricción temporal en el tribunal, pero dijo que estaba limitada en los argumentos que podía presentar en contra y agregó que su oficina no podía revisar exhaustivamente los miles de documentos bajo la limitación de tiempo.
La demanda de los estados, presentada el martes, buscaba detener de inmediato los recortes de 11 mil millones de dólares. El dinero fue asignado por el Congreso durante la pandemia y se utilizó principalmente para iniciativas relacionadas con la COVID-19, así como para la salud mental y el consumo de sustancias. La demanda afirmaba que la pérdida de este dinero devastaría la infraestructura de salud pública estadounidense, poniendo a los estados en mayor riesgo de futuras pandemias y la propagación de enfermedades prevenibles, e interrumpiendo servicios vitales de salud pública.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. defendió la decisión, afirmando que el dinero se estaba desperdiciando desde que la pandemia terminó.
Los departamentos de salud pública estatales y locales ya han despedido a personal, incluyendo a casi 200 empleados del Departamento de Salud de Minnesota. Carolina del Norte afirma que podría perder unos 230 millones de dólares, y las autoridades de California estiman las pérdidas potenciales en 1000 millones de dólares.
El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, quien también es parte de la demanda, dijo que 500 millones de dólares en subvenciones de salud pública que apoyan el cuidado a largo plazo de los ancianos y las vacunas para niños estaban en juego en su estado.
“Como resultado de llevar a la Administración a los tribunales, estos dólares comenzarán a fluir nuevamente”, escribió en X.
El bloqueo temporal al recorte de la financiación de la salud es el último revés legal para la administración Trump, que enfrenta unas 150 demandas por temas que abarcan desde inmigración hasta profundos recortes financieros y de empleos en agencias federales y los derechos de las personas transgénero. Los jueces federales han emitido docenas de órdenes que frenan, al menos por ahora, la ambiciosa agenda conservadora del presidente.
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La reportera de AP Lindsay Whitehurst en Washington contribuyó a este informe.
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