El gobierno del presidente Donald Trump propuso amplias restricciones al asilo con el fin de alinear un marco legal con las pretensiones del mandatario de limitar la inmigración a Estados Unidos.
Se trata de la más reciente de una serie de medidas que Trump ha implementado para limitar el asilo. En esta ocasión, están dirigidas a cambiar los complicados procedimientos que gobiernan los tribunales de inmigración.
Los cambios, delineados a lo largo de 150 páginas de jerga legal, tienen el objetivo de redefinir la elegibilidad de asilo y otras formas de protección para evitar que las personas sean procesadas o torturadas en caso de ser enviadas de regreso a sus países de origen.
Las reglas también permitirán que los jueces desestimen casos sin llevar a cabo audiencias si las pruebas para sustentarlos son consideradas muy débiles. También definirán cuándo una solicitud puede ser “frívola” y aumentarán el umbral de las entrevistas iniciales bajo la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas.
El gobierno propondrá nuevas definiciones para algunas formas en que la gente califica para el asilo, sobre todo la “postura política” y la pertenencia a un “grupo social específico”.
El asilo es para la gente que enfrenta una persecución por su raza, religión, nacionalidad, postura política o pertenencia a un grupo social, que es una categoría flexible que podría incluir a las víctimas de violencia doméstica o de pandillas. Limitar estas formas para calificar significaría más solicitudes rechazadas.
El Departamento de Justicia y el de Seguridad Nacional dijeron que los solicitantes de asilo que pasen las entrevistas iniciales presentarán sus argumentos ante un juez de inmigración en “procesos simplificados” que remplazarán las antiguas normas de la ley de inmigración. No proporcionaron más detalles en un breve comunicado de prensa.
Desde que Estados Unidos se convirtió en el destino principal de los solicitantes de asilo en 2017, el gobierno del presidente Trump ha realizado varios intentos por dificultar su obtención, asegurando que el sistema está plagado de abusos.
El gobierno federal dijo que los cambios aportarían más eficiencia a un sistema de tribunales de inmigración que tiene un rezago de más de 1,1 millones de casos.
Las normas “separarán de manera más efectiva las solicitudes sin fundamento de las meritorias”, señalaron los departamentos. “Esto garantizaría que las solicitudes sin fundamento no demoren o desvíen los recursos de las solicitudes que los merecen”, añadieron.
Los detractores no tardaron en condenar la medida. Aaron Reichlin-Melnick, asesor político del American Immigration Council, dijo que este es mucho más profundo que los intentos anteriores de Trump de frenar el asilo y “significaría el rechazo de prácticamente todas las solicitudes, salvo la de algunos cuantos afortunados”.
“Los cambios propuestos representarían el fin del sistema de asilo tal como lo conocemos”, añadió.
Se prevé que los detalles se publiquen en el Registro Federal el lunes con un lapso establecido de 30 días para que haya comentarios del público antes de que entren en vigor. Las demandas podrían demorar o frustrar el plan.
En marzo, el gobierno estadounidense puso el asilo fuera del alcance de muchas personas que entran por las fronteras con Canadá y México al invocar una ley de salud pública de 1944 con el fin de frenar la propagación del coronavirus. La medida, adoptada de manera temporal, permitió que el gobierno expulsara de forma expedita a las personas procedentes de México y Centroamérica hacia territorio mexicano antes de que pudieran presentar una solicitud de asilo, por lo general en menos de dos horas.
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