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El Departamento de Justicia y un grupo de defensa de los derechos civiles presentaron notificaciones jurídicas en las que informaban su intención de apelar la reciente sentencia de un juez federal que declaró ilegal una versión revisada de un programa que impide la deportación de cientos de miles de migrantes traídos a Estados Unidos cuando eran niños, mejor conocido como DACA.
Andrew Hanen, juez federal de distrito en Houston, falló en septiembre en favor de Texas y de otros ocho estados que exigen suspender el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). Esa política federal fue establecida originalmente por el gobierno del presidente Barack Obama en 2012.
En su sentencia, Hanen expresó su solidaridad con los beneficiarios del DACA y sus familias, pero dijo que el Poder Ejecutivo se había excedido en su autoridad al establecer el programa, y que correspondía al Congreso intervenir en este asunto.
En otras notificaciones de apelación interpuestas el jueves, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en representación del gobierno federal, y la organización no lucrativa Mexican American Legal Defense and Educational Fund (Fondo Mexicano Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación, MALDEF por sus siglas en inglés), que representa a los beneficiarios del DACA en la demanda, dijeron que planean pedirle a la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans que anule la sentencia de Hanen.
La oficina del procurador general de Texas, que representó a los estados en la demanda, no respondió de momento a un correo electrónico solicitándole sus comentarios.
Se prevé que el proceso de apelación, incluida la presentación de informes jurídicos, los probables argumentos orales ante los jueces del Quinto Circuito y la emisión de un fallo, se lleve meses en completarse. Pero a la larga se estima que el destino del programa DACA acabe por tercera vez ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
La orden de Hanen amplió la medida cautelar vigente contra el DACA, que prohibía al gobierno aprobar nuevas solicitudes, pero dejaba intacto el programa para los beneficiarios existentes, conocidos como “dreamers”, durante la revisión jurídica en curso.
A finales de marzo había 578 mil 680 personas inscritas en el DACA, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.
Texas y los otros estados en la demanda han argumentado que el gobierno de Obama no tenía la autoridad para crear el programa, y que han gastado cientos de millones de dólares en atención médica, educación y otros costos cuando se permite que los migrantes permanezcan en el país ilegalmente.
Los estados son Texas, Alabama, Arkansas, Louisiana, Nebraska, Carolina del Sur, Virginia Occidental, Kansas y Mississippi.
Quienes defienden el programa han argumentado que el Congreso ha otorgado al gobierno federal la autoridad legal para establecer políticas de control de la inmigración.
El Congreso ha fracasado muchas veces a la hora de aprobar la iniciativa de ley denominada DREAM Act para proteger a los beneficiarios del DACA.
Hanen ya había declarado ilegal el programa en 2021. El gobierno del presidente Joe Biden intentó abordar las preocupaciones de Hanen con una nueva versión del DACA, pero fue rechazado con el fallo de septiembre.
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