Ghislaine Maxwell lucha contra la publicación de más documentos de Epstein y califica de inconstitucional la ley de divulgación.

AP.

Los abogados de la socialité británica encarcelada Ghislaine Maxwell están luchando contra la solicitud de liberación de 90.000 páginas relacionadas con el financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein y Maxwell, argumentando que una ley utilizada para forzar la divulgación pública de millones de documentos es inconstitucional.

Los abogados presentaron documentos el viernes por la noche en el tribunal federal de Manhattan para intentar bloquear la divulgación de los documentos de una demanda civil por difamación, ya resuelta, interpuesta hace una década por Virginia Giuffre, víctima de Epstein, contra Maxwell. El Departamento de Justicia solicitó recientemente a un juez que levantara el secreto de los archivos.

Los abogados de Maxwell afirmaron que el Departamento de Justicia obtuvo los documentos —que de otro modo estarían sujetos a órdenes de confidencialidad— de forma indebida durante su investigación penal. Añadieron que los documentos incluyen transcripciones de más de 30 declaraciones e información privada sobre asuntos financieros y sexuales relacionados con Maxwell y otras personas.

Algunos registros del intercambio de evidencia que duró un año en la batalla judicial ya fueron publicados en respuesta a una orden de un tribunal de apelaciones federal.

Los abogados de Maxwell dicen que una ley que el Congreso aprobó en diciembre para forzar la publicación de millones de documentos relacionados con Epstein viola la doctrina de separación de poderes de la Constitución.

“El Congreso no puede, por estatuto, despojar a este Tribunal de la facultad ni eximirlo de la responsabilidad de proteger sus archivos del uso indebido. Hacerlo viola la separación de poderes”, escribieron los abogados Laura Menninger y Jeffrey Pagliuca sobre la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein.

“Según la separación de poderes establecida en la Constitución, ni el Congreso ni el Poder Ejecutivo pueden interferir en el poder judicial. Ese poder incluye la facultad de resolver de manera definitiva los casos y las controversias”, añadieron los abogados.

La publicación de documentos relacionados con Epstein, resultantes de investigaciones penales iniciadas hace semanas, ha dado lugar a nuevas revelaciones sobre los abusos sexuales que Epstein cometió contra mujeres y adolescentes durante décadas. Algunas víctimas se han quejado de que sus nombres e información personal se revelaron en los documentos, mientras que los nombres de sus abusadores fueron tachados.

Los miembros del Congreso se han quejado de que sólo alrededor de la mitad de los documentos existentes, muchos de ellos con tachaduras, se han hecho públicos, aunque funcionarios del Departamento de Justicia han dicho que todo se ha publicado, a excepción de algunos archivos que no pueden hacerse públicos hasta que un juez dé el visto bueno.

Giuffre afirmó que Epstein la había traficado con otros hombres, incluido el ex príncipe Andrés, ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor. En 2021, demandó a Mountbatten-Windsor, alegando que tuvieron relaciones sexuales cuando ella tenía 17 años.

Él negó sus acusaciones y ambos resolvieron la demanda en 2022. Días atrás, fue arrestado y mantenido bajo custodia durante casi 11 horas bajo sospecha de mala conducta al haber compartido información comercial confidencial con Epstein.

En unas memorias publicadas después de suicidarse el año pasado, Giuffre escribió que los fiscales le dijeron que no la incluyeron en el proceso de tráfico sexual de Maxwell porque no querían que sus acusaciones distrajeran al jurado.

Maxwell, de 64 años, fue declarada culpable en diciembre de 2021 y sentenciada a 20 años de prisión. Epstein se quitó la vida en una prisión federal en agosto de 2019 mientras esperaba su juicio por tráfico sexual. Maxwell fue trasladada de una prisión federal en Florida a un centro penitenciario de baja seguridad en Texas el verano pasado, tras participar en dos días de entrevistas con el fiscal general adjunto Todd Blanche.

Hace dos semanas, se negó a responder preguntas de los legisladores del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en una declaración realizada en una videollamada a su campo de prisioneros federales, aunque indicó a través de una declaración de su abogado que estaba “preparada para hablar completa y honestamente” si se le concedía el indulto.

El Departamento de Justicia no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios el sábado.