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Con la temporada electoral de Estados Unidos en marcha, algunos funcionarios electorales estatales están expresando su frustración por el hecho de que el Congreso aún no haya asignado los fondos federales de los que dependen para ayudar a cubrir los costos de proteger sus sistemas contra posibles ataques, actualizar equipos y capacitar al personal.
Los funcionarios electorales enfrentan una larga lista de retos este año, entre los que se incluyen posibles ciberataques por parte de gobiernos extranjeros, ataques de “ransomware” por parte de bandas criminales, y la persistencia de la desinformación electoral que ha llevado al acoso de funcionarios electorales y erosionado la confianza pública.
La secretaria de Gobierno de Michigan, Jocelyn Benson, calificó de “desmoralizador y decepcionante” que el gobierno federal no se haya comprometido a invertir en las elecciones presidenciales de este año.
“Estamos gestionando unas elecciones federales que son la base de quién tiene el poder a nivel federal y tratando de gestionar un montón de riesgos y retos que no han hecho más que aumentar en los últimos años (…) Nos hace sentir que estamos solos”, dijo Benson, una demócrata.
Desde las elecciones de 2016 y de la decisión del gobierno federal de agregar los sistemas de votación de la nación a su lista de infraestructura crítica, el Congreso ha enviado 995 millones de dólares a los estados a fin de cubrir tareas de administración y seguridad electoral.
En Colorado, el dinero se ha utilizado para desarrollar un sistema que permita a los votantes realizar un seguimiento de sus papeletas y pagar la formación de los funcionarios electorales. Los funcionarios de Florida destinaron el dinero a aumentar la seguridad del sistema de registro de votantes del estado.
En otros lugares, el dinero federal se ha utilizado para sustituir equipos de votación y añadir personal de ciberseguridad.
La mayor parte se asignó antes de las elecciones de 2020, cuando los estados aumentaron las defensas de ciberseguridad, y se ha agotado. Otros 400 millones de dólares debían destinarse a gastos electorales relacionados con la pandemia de 2020.
La última parte de la financiación relacionada con las elecciones fue de 75 millones de dólares aprobados por el Congreso en diciembre de 2022. Las asignaciones estatales oscilaron entre 5.8 millones de dólares para California y un millón de dólares para Nevada.
“Sólo las elecciones de Los Ángeles cuestan 75 millones de dólares”, dijo Kathy Boockvar, exdirectora de funcionarios electorales en Pennsylvania.
Las negociaciones sobre el presupuesto federal se han visto envueltas en disputas partidistas, y los organismos funcionan en su mayoría con los niveles de gasto aprobados para 2023.
El Congreso sólo ha podido aprobar planes de financiación temporales, que abarcan unos pocos meses cada vez. La próxima fecha límite es el 1 de marzo, día en que expira el plan de financiación temporal más reciente para algunos departamentos y una semana más tarde para otros. El gobierno enfrenta la posibilidad de un cierre si no se aprueban nuevos fondos.
Incluso si se llega a un acuerdo, no hay garantía de que incluya nuevos fondos para las elecciones. El año pasado, los republicanos de la Cámara de Representantes calificaron las subvenciones para la seguridad electoral de “gasto superfluo” y no asignaron dinero para ello en su proyecto de gastos. En su lugar, se han centrado en iniciativas que prohibirían a las organizaciones privadas proporcionar dinero a las oficinas electorales.
En Carolina del Norte, los funcionarios electorales estatales han tenido que hacer recortes en otras áreas para la seguridad electoral, por ejemplo, un equipo de seis personas que se ocupaba de los datos se ha reducido a un puesto de tiempo completo y a otra persona que colabora a tiempo parcial.
Actualmente, se está negociando una propuesta del Senado de 75 millones de dólares para la seguridad electoral como parte del paquete final de gasto.
Los funcionarios electorales de Wisconsin han utilizado el dinero federal anterior para conceder subvenciones a las oficinas electorales locales que les han ayudado a mejorar su apoyo tecnológico, también han comprado nuevos equipos de votación y sobres de voto por correo, dijo Meagan Wolfe, administradora no partidista de la comisión electoral.
Por su parte, Nuevo México ha utilizado dinero federal para ayudar a cubrir los costos de su programa de seguridad electoral.
En Minnesota, el estado también ha utilizado dinero federal para crear subvenciones destinadas a los funcionarios electorales locales para la actualización de los sistemas de votación, incluidos los padrones de votantes y tabuladores electrónicos.
