Latin Us.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que analizará las solicitudes de detención provisional con fines de extradición emitidas por autoridades de Estados Unidos en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios estatales, pero advirtió que, hasta ahora, dichas peticiones no están acompañadas de pruebas suficientes y en su caso habría que iniciar un proceso de desafuero.
En un posicionamiento público, la FGR, a través de Ulises Lara, fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, detalló, sin mencionar nombres, que fue notificada por la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre las solicitudes formuladas por el gobierno estadounidense, y precisó que, como en cualquier caso internacional, deberá cumplir con todos los procedimientos legales previstos en la legislación mexicana antes de proceder.
La dependencia indicó que, a través de su Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, realizará un análisis exhaustivo de la documentación recibida para determinar si existen elementos probatorios que justifiquen las solicitudes y evaluar su viabilidad jurídica conforme al marco constitucional y al Código Nacional de Procedimientos Penales.
De manera paralela, anunció el inicio de una investigación propia para recabar información que permita establecer “si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin y, en su caso, sobre la viabilidad de la solicitud (de extradición)”, requisito indispensable para solicitar órdenes de aprehensión ante un juez mexicano.
La FGR enfatizó que, conforme al tratado bilateral de extradición entre México y Estados Unidos, “solamente se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes, conforme a las leyes de la parte requerida, en este caso de nuestro país” y recalcó que la solicitud recibida carece, por ahora, de evidencias contundentes que respalden los hechos narrados.
Asimismo, la Fiscalía señaló que el propio gobierno estadounidense solicitó mantener en reserva la información relacionada con este tipo de procedimientos; sin embargo, el caso de Rubén Rocha se hizo público, lo que —advirtió— podría vulnerar la naturaleza confidencial de los procesos penales y contravenir normas internacionales como la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
Recordó que en el caso de servidores públicos con fuero, como gobernadores, es necesario iniciar un juicio de procedencia para retirar la inmunidad procesal antes de ejecutar cualquier acción penal.
El funcionario recordó que “la propia Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas establece que deben tomarse las medidas correspondientes a fin de que toda la información y documentación que se remite en este tipo de casos se maneje con carácter confidencial y reservado, a efecto de proteger la información que ha sido transmitida”, después de que el gobierno estadounidense hizo pública las acusaciones contra Rocha Moya.
