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La Fiscalía General de la República (FGR) informó este viernes que no detendrá al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y los otros nueve exfuncionarios y funcionarios presuntamente ligados al crimen organizado como lo solicitó Estados Unidos, al acusar falta de pruebas.
En conferencia de prensa, Raúl Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, explicó que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó la detención provisional con fines de extradición, derivada de la investigación en curso en Estados Unidos; sin embargo, para la FGR las pruebas que envió el gobierno de Trump no son suficientes para detenerlo.
Jiménez Vázquez detalló que no se trata de una extradición formal, sino que es una medida cautelar con fines de extradición, la cual sólo se puede cumplir si se presentan las pruebas contundentes.
En rueda de prensa, anunció que solicitará a la Cancillería que pida al gobierno de Trump todas las pruebas, informes y documentos; en caso de que sí los envíen y tengan sustento, se realizará una segunda valoración.
“La esencia de esa medida cautelar es evitar la sustracción de la acción de la justicia por parte de las personas reclamadas y, en razón de ello, lógicamente y jurídicamente, se tiene que acreditar más allá de toda duda razonable la urgencia de la autorización de la detención provisional”, dijo en rueda de prensa.
El titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial señaló que la medida cautelar solicitada por Estados Unidos restringue los derechos humanos y sólo se puede otorgar si existen pruebas sólidas, según el marco legal de México.
“En una primera instancia, que no existen pruebas anexas al pedimento de referencia que acrediten la comisión de un presunto delito que haga impostergable el otorgamiento de la medida cautelar”, dijo al anunciar que no se cumpliría la petición.
Jiménez Vázquez añadió que Estados Unidos tampoco probó la urgencia de la autorización para la detención provisional de Rocha Moya, el senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez; Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán, entre otros funcionarios estatales.
La FGR reiteró que la difusión del caso pone en riesgo la investigación en contra de Rocha Moya.
