El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU), Zeid Ra’ad Al Hussein, hizo un llamado a las autoridades de México para que se implementen medidas urgentes que acaben con la ola de desapariciones forzadas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y sus alrededores, puesto que a en lo que va de 2018 suman 23 casos, entre ellos cinco menores de edad, y señala qué hay fuertes indicios de que los crímenes habrían sido cometidos por una fuerza federal de seguridad.
La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha documentado la desaparición de 21 hombres y dos mujeres, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, de febrero al 16 de mayo de 2018. Sin embargo, según una organización local de derechos humanos, se habrían registrado al menos 40 casos en ese periodo.
En un comunicado indicó que de acuerdo con testimonios recibidos por la ONU-DH, la mayoría de las desapariciones habrían sido perpetradas entrada la noche o al amanecer, por miembros de una fuerza de seguridad federal.
Según esas versiones, las personas habrían sido detenidas por personal uniformado mientras caminaban o manejaban por carreteras y agregó que en varios de esos casos se han encontrado vehículos al lado del camino, los cuales fueron quemados y baleados.
“Se informó que muchas de estas personas habrían sido detenidas arbitrariamente y desaparecidas mientras realizaban su vida cotidiana. Es particularmente horrífico que al menos cinco de las víctimas sean menores, tres de ellas muy jóvenes, tan sólo de 14 años. Estos crímenes, perpetrados durante cuatro meses en un solo municipio, son indignantes “, dijo Zeid.
Cuestionó que pesar de las evidencias existentes las autoridades mexicanas han avanzado poco en la localización de los desaparecidos y en la investigación de lo sucedido. Resaltó que algunos casos, las familias han emprendido sus propias búsquedas, sin ningún tipo de protección, de esa manera han encontrado hasta la fecha los cuerpos de al menos seis víctimas. Alertó que personas que atestiguaron los hechos han sido amenazadas y una fue desaparecida durante dos días.
“Es vital que las autoridades mexicanas realicen una búsqueda efectiva de las personas cuyo paradero aún sigue siendo desconocido y que lleven a cabo una investigación diligente, independiente y completa para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar que sean llevados ante la justicia. También deben otorgar protección a testigos y defensores, y proveer asistencia a los familiares de las víctimas”, dijo Zeid.
Recordó que el pasado 10 de mayo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió medidas cautelares a la Secretaría de Marina y otras dependencias para proteger a la población civil de Tamaulipas; sin embargo, se han registrado al menos tres desapariciones desde entonces.
“Es extremadamente preocupante que estas desapariciones forzadas se produzcan pocos meses después de la aprobación de la Ley General de Desapariciones”, señaló el Alto Comisionado, quien añadió que “lo que ha estado sucediendo en Nuevo Laredo es una prueba crucial para verificar si esta nueva ley representa realmente el cambio que su adopción promete o si las desapariciones forzadas continuarán, seguidas de impunidad y falta de reparación a las víctimas”.
El Alto Comisionado concluyó: “Los Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad de la población. En el caso de la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por funcionarios públicos, es aún más urgente que el Estado actúe para demostrar que no tolera la comisión de esas graves violaciones”.
La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha documentado la desaparición de 21 hombres y dos mujeres, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, de febrero al 16 de mayo de 2018. Sin embargo, según una organización local de derechos humanos, se habrían registrado al menos 40 casos en ese periodo.
En un comunicado indicó que de acuerdo con testimonios recibidos por la ONU-DH, la mayoría de las desapariciones habrían sido perpetradas entrada la noche o al amanecer, por miembros de una fuerza de seguridad federal.
Según esas versiones, las personas habrían sido detenidas por personal uniformado mientras caminaban o manejaban por carreteras y agregó que en varios de esos casos se han encontrado vehículos al lado del camino, los cuales fueron quemados y baleados.
“Se informó que muchas de estas personas habrían sido detenidas arbitrariamente y desaparecidas mientras realizaban su vida cotidiana. Es particularmente horrífico que al menos cinco de las víctimas sean menores, tres de ellas muy jóvenes, tan sólo de 14 años. Estos crímenes, perpetrados durante cuatro meses en un solo municipio, son indignantes “, dijo Zeid.
Cuestionó que pesar de las evidencias existentes las autoridades mexicanas han avanzado poco en la localización de los desaparecidos y en la investigación de lo sucedido. Resaltó que algunos casos, las familias han emprendido sus propias búsquedas, sin ningún tipo de protección, de esa manera han encontrado hasta la fecha los cuerpos de al menos seis víctimas. Alertó que personas que atestiguaron los hechos han sido amenazadas y una fue desaparecida durante dos días.
“Es vital que las autoridades mexicanas realicen una búsqueda efectiva de las personas cuyo paradero aún sigue siendo desconocido y que lleven a cabo una investigación diligente, independiente y completa para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar que sean llevados ante la justicia. También deben otorgar protección a testigos y defensores, y proveer asistencia a los familiares de las víctimas”, dijo Zeid.
Recordó que el pasado 10 de mayo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió medidas cautelares a la Secretaría de Marina y otras dependencias para proteger a la población civil de Tamaulipas; sin embargo, se han registrado al menos tres desapariciones desde entonces.
“Es extremadamente preocupante que estas desapariciones forzadas se produzcan pocos meses después de la aprobación de la Ley General de Desapariciones”, señaló el Alto Comisionado, quien añadió que “lo que ha estado sucediendo en Nuevo Laredo es una prueba crucial para verificar si esta nueva ley representa realmente el cambio que su adopción promete o si las desapariciones forzadas continuarán, seguidas de impunidad y falta de reparación a las víctimas”.
El Alto Comisionado concluyó: “Los Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad de la población. En el caso de la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por funcionarios públicos, es aún más urgente que el Estado actúe para demostrar que no tolera la comisión de esas graves violaciones”.
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