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Por Alina Navarrete Fernández / Corresponsal
En cinco días, activistas y familiares de personas desaparecidas han encontrado ocho cadáveres en cuatro fosas clandestinas en el poblado de Carabalí, en Acapulco, así como indicios de otras tres sepulturas.
Ante ello, se ha denunciado falta de compromiso por parte de las autoridades en el asunto, por lo que la tarde de este viernes, los activistas instalaron un plantón en el cerro del Encinal.
De acuerdo con Socorro Gil Guzmán, líder del Colectivo Memoria, Verdad y Justicia, el delegado de la Comisión Estatal de Búsqueda, Arturo Solís Felipe, se negó a enviar peritos para que continuaran con la exhumación de los cuerpos.
Además, señaló que la titular de la Fiscalía General del Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, no se ha comunicado con el colectivo para conocer las condiciones en las que se realizó la jornada; tampoco contaron con recursos para trasladarse a la zona de los hallazgos.
No conforme con ello, los activistas fueron amedrentados por el agente del Ministerio Público del sector Emiliano Zapata, Juan Carlos Rodríguez Molina, quien tomó fotografías y videos de la jornada.
Previo a instalar el plantón, se acordó con la Fiscalía Regional de Acapulco que continuarán con las labores de búsqueda hasta descartar que haya más cadáveres en las fosas encontradas.
En la jornada participó Miguel Trujillo Herrera, integrante del Colectivo Familiares en Búsqueda “María Herrera”, quien espera encontrar a sus hermanos Luis Armando, Gustavo, Raúl y Jesús Salvador, quienes desaparecieron entre el 2008 y 2010, en distintos hechos en Veracruz.
Miguel Trujillo señaló que la Fiscalía General del Estado, la Policía Estatal y la Policía Municipal, están coludidas con la delincuencia; lo que dificulta las acciones de los activistas, quienes se ven obligados a hacer el trabajo que le corresponde a las autoridades.
Denunció que durante la jornada se encontró una bodega con herramientas que presuntamente se usaron para crear las fosas clandestinas, así como credenciales del Instituto Nacional Electoral (INE) incineradas; sin embargo, las autoridades no brindan condiciones para identificar a las víctimas.
Acusó a Arturo Solís de forzar a los activistas a “escarbar y sacar los cuerpos, cuando automáticamente están cometiendo un delito y nos ponen a que nosotros cometamos un delito (…) eso es lo que está haciendo el comisionado de aquí, de Guerrero“.
Ante este panorama, los activistas anunciaron que permanecerán en el lugar hasta que las autoridades concluyan con los trabajos de campo en la zona rural de Acapulco.
