Canal 5.
La familia de una mujer de Edinburg está pidiendo su liberación de la custodia del ICE.
San Juana Guerra, de 74 años, lleva dos semanas detenida en el Centro de Detención El Valle en Raymondville. Su familia afirma que Guerra es residente permanente de Estados Unidos desde 1989.
“Se merece ser puesta en libertad”, dijo su hija Carla Gómez.
Guerra fue detenido por la Patrulla Fronteriza en el puerto de entrada de Progreso el 2 de marzo de 2026. A Gómez le dijeron que se debía a un cargo de hace más de 30 años.
“Cuando era niño, intenté suicidarme, pero mi madre me pilló y me quitó la pistola”, dijo Gómez. “La guardó en su bolso”.
Gómez afirma que el arma permaneció en el bolso de su madre cuando esta fue al aeropuerto de McAllen a visitar a la tía de Carla. Guerra fue detenido y condenado a seis meses de libertad condicional.
Dentro del centro de detención, Gómez está preocupada por la enfermedad cardíaca, la diabetes y la infección renal que padece su madre.
“Mi mayor temor es perder a mi madre en un lugar como ese”, dijo Gómez.
Carlos García es un abogado de inmigración que no representa a Guerra. Él cree que personas que no representan una amenaza para la seguridad pública están siendo detenidas por el ICE durante interacciones con los agentes de inmigración.
“No hay absolutamente ninguna razón por la que el contribuyente deba pagar la factura de personas que no tienen por qué estar detenidas”, dijo García.
García afirma haber notado un aumento en las detenciones del ICE en los últimos dos meses.
“Nuestra comunidad tiene que decirles a nuestros políticos que despierten”, dijo García. “Miren lo que está pasando. Nuestras cárceles privadas se están enriqueciendo a costa de las personas detenidas”.
La petición de liberación de Guerra surge después de que una familia de McAllen fuera puesta en libertad tras una fuerte protesta de los legisladores del sur de Texas.
El grupo de derechos civiles UnidosUS celebró una conferencia de prensa el miércoles en McAllen para pedir al ICE que libere a miles de familias que se encuentran detenidas.
“Tras la atención que recibió la familia Gamez-Cuellar hace un par de semanas, debemos mantener la presión”, declaró Eric Holguin, director de UnidosUS Texas. “No se trata solo de una o dos familias afectadas. Son cientos; son miles las que se ven afectadas de esta manera”.
La próxima audiencia judicial de Guerra está programada para el 26 de marzo de 2026.
