El día que declaró la emergencia nacional por la pandemia del nuevo coronavirus, el presidente Donald Trump hizo un comentario improvisado y desconcertante.
“Tengo derecho a hacer muchas cosas que la gente ni siquiera conoce”, afirmó el mandatario en la Casa Blanca.
Trump no estaba alardeando. El presidente tiene a su disposición docenas de facultades legales para cuando se declara una emergencia nacional. Rara vez son utilizadas, pero Trump sorprendió el mes pasado a expertos legales y a otros cuando aseguró —equivocadamente— que tenía “total” autoridad sobre los gobernadores para relajar las medidas adoptadas a raíz de la propagación del COVID-19.
Ante tal afirmación, 10 senadores se dieron a la tarea de examinar la amplitud de las facultades de emergencia que Trump cree tener.
Los legisladores solicitaron ver los Documentos de Acción Presidencial de Emergencia (PEAD, por sus siglas en inglés). Estos documentos clasificados poco conocidos son básicamente textos de planeación.
Estos papeles no conceden una autoridad al presidente más allá de lo establecido en la Constitución. Sin embargo, esbozan las facultades que un mandatario cree que le otorga la Constitución para enfrentar una emergencia nacional.
Los senadores creen que los documentos les permitirán echar un vistazo a lo que la Casa Blanca interpreta como facultades presidenciales ante una emergencia.
“Alguien necesita examinar estas cosas”, dijo en entrevista telefónica el senador independiente Angus King, de Maine. “Éste es un caso en que el presidente puede declarar una emergencia y después afirmar que ´debido a que hay una emergencia, puedo hacer esto, esto y esto´”.
A finales del mes pasado, King, siete demócratas y un republicano enviaron una carta al director interino de inteligencia nacional, Richard Grenell, para solicitarle que se les informe sobre cualquier PEAD existente. El senador demócrata Patrick Leahy, de Vermont, envió una carta similar al secretario de Justicia, William Bar, y al abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone.
“La preocupación es que podrían tomarse medidas que violarían los derechos individuales previstos en la Constitución”, como restringir el debido proceso, efectuar registros y confiscaciones sin motivo, y detener a individuos sin causa alguna, afirmó King.
“Simplemente estoy haciendo conjeturas. Quizá obtengamos estos documentos y no haya nada adverso en sus controles y contrapesos, y todo sea legítimo y razonable”.
Joshua Geltzer, profesor invitado de Derecho en la Universidad de Georgetown, indicó que hay apremio para examinar estos documentos ante el aumento de la desconfianza hacia las interpretaciones legales que hace el gobierno de Trump y para él nunca vistas.
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