Ciudad de México.
Una nueva denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR) ayer exige a la dependencia que investigue, con base en evidencias publicadas en Estados Unidos, sobre la participación de funcionarios del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa en los operativos “Gunrunner”, “Wide Receiver” y “Rápido y Furioso”, que dispersaron armas de fuego en México y alimentaron la imparable ola de violencia que sigue arrasando hoy; y recordó que una de estas armas incluso estaba en manos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera cuando fue detenido, en enero de 2015.
De acuerdo con el escrito de la denuncia –presentada ayer por una institución académica, una organización y un despacho reunidos en la iniciativa [DES]arma México, A.C.–, existen evidencias que muestran la participación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) –a cargo de Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez Chávez y Marisela Morales Ibáñez, sucesivamente–, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) –dirigida por Genaro García Luna– o la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO) en los fracasados operativos.
En una conferencia virtual realizada hoy, Sergio Aguayo Quezada –quien dirige el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México, la investigadora mexicano-chilena Miriam Morales Sanhueza –de [DES]arma–, el investigador Santiago Corcuera Cabezut y el abogado Javier Schütte Ricaud –quien firmó la denuncia– presentaron los pormenores de la denuncia, insistiendo en su intención de no violar la presunción de inocencia de nadie.
Nota “tímida”
Aguayo aseveró que la Cancillería mexicana se vio “tímida” cuando envió una nota diplomática al gobierno estadunidense para conocer detalles sobre los operativos, pues consideró que la dependencia debió formular una petición más dirigida a las agencias estadunidenses involucradas, para sacar toda la verdad del caso.
“Necesita ser más proactivo, exigir cosas más puntuales, además de información, por supuesto”, dijo el investigador, al añadir que en Estados Unidos podrían presentarse obstáculos por parte del “lobby armamentista”.
De hecho, la denuncia de exige a la FGR que, en caso de que la solicitud de la Cancillería resultara insuficiente, se extiendan peticiones de información a la ATF, el Departamento de Justicia, la Agencia Antidrogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), los servicios tributarios (IRS), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), el Departamento de Seguridad Interna (DHS) y la Oficina del Fiscal Federal de Arizona.
Entre los elementos que destacó la denuncia figura la investigación que se llevó a cabo en el Congreso estadunidense, según la cual el 26 de septiembre de 2007 agentes de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) se comunicaron con autoridades mexicanas –probablemente de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI)– para monitorear una entrega controlada de 19 armas de uso militar y seguir a los traficantes desde la frontera; sin embargo, los agentes mexicanos les perdieron la pista y las armas se esfumaron.
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