EFE.
El Departamento de Justicia estadounidense demandó este jueves a la empresa aeroespacial SpaceX, propiedad de Elon Musk, por discriminar a refugiados y asilados en su proceso de contratación.
El pleito alega que, desde al menos septiembre de 2018 hasta mayo de 2022, SpaceX desalentaba a esas personas de solicitar un empleo y se negó a contratarlos o a tenerlos en consideración debido a su estatus de ciudadanía, algo contrario a la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés).
En sus anuncios y declaraciones públicas, SpaceX mantenía erróneamente que, según las “leyes de control de la exportación”, solo podía contratar a ciudadanos y residentes permanentes legales de Estados Unidos, titulares de una green card.
El Departamento de Justicia subrayó en su comunicado que dichos reglamentos federales no imponen tales restricciones a la contratación.
“Más aún, el permiso de los asilados y refugiados de vivir y trabajar en Estados Unidos no vence, y en virtud de las leyes de control de la exportación, están en condiciones de igualdad con ciudadanos y residentes permanentes legales”, añadió esa nota.
El Departamento de Justicia destacó que los asilados y refugiados han superado muchos desafíos en sus vidas y que la discriminación ilícita en el empleo, debido a su estatus de ciudadanía, no debería ser uno de ellos.
“A través de este pleito haremos que SpaceX rinda cuentas por sus prácticas ilícitas y buscaremos un remedio que permita a los asilados y refugiados competir de manera justa por las oportunidades de trabajo”, dijeron las autoridades judiciales estadounidenses.
Esa nota destacó que como SpaceX trabaja con ciertos bienes como software, tecnología y datos técnicos considerados como artículos de exportación controlada, debe cumplir con los reglamentos y leyes de control de la exportación.
De acuerdo a esos reglamentos, los asilados, refugiados, residentes permanentes legales, ciudadanos y nacionales estadounidenses que trabajan para compañías estadounidenses pueden acceder a artículos de exportación controlada sin la autorización del gobierno de Estados Unidos, por lo que los asilados y refugiados no deben ser tratados de manera diferente.
