AP.
El Tesoro de Estados Unidos sancionó el lunes a seis personas y siete empresas por presunto lavado de dinero para facciones del Cártel de Sinaloa de México, lo que subraya la nueva designación del grupo como organización terrorista extranjera bajo la administración Trump.
La designación, que tiene como objetivo “atacar las operaciones financieras” del cártel, que ha obtenido grandes cantidades de dinero traficando fentanilo a Estados Unidos, es parte de una investigación de agencias gubernamentales de Estados Unidos y México.
El Tesoro dijo que los mencionados utilizaban una “red de empresas fachada y corporaciones fantasma” para lavar dinero, a menudo utilizando cosas como casas de cambio a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México y retiros de efectivo en grandes cantidades.
La medida ilegaliza realizar transacciones comerciales con aquellas personas incluidas en la lista y advierte que, además de sanciones civiles y penales, cualquiera que viole las sanciones también puede estar sujeto a sanciones.
“El dinero lavado del narcotráfico es el elemento vital de la empresa narcoterrorista del Cártel de Sinaloa, y sólo es posible gracias a facilitadores financieros confiables como los que hemos designado hoy”, dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en un comunicado.
Bessent agregó que el gobierno utilizará “todas las herramientas disponibles para perseguir a cualquiera que ayude a los cárteles a promover su campaña de crimen y violencia”.
Esto ocurre apenas unas semanas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designara al Cártel de Sinaloa y a otros siete grupos criminales en América Latina como Organizaciones Terroristas Extranjeras.
Los analistas dicen que la designación de terrorismo no ampliaría enormemente el poder del gobierno estadounidense para perseguir a los grupos criminales ni tomar acciones militares en México, una idea que Trump ha mencionado en varias ocasiones.
Pero los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y otros expertos dicen que proporcionará a las autoridades más herramientas para perseguir a los cárteles, que en los últimos años han ampliado sus empresas desde el narcotráfico a todo, desde la producción de aguacate hasta el tráfico de migrantes.
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