La Opinión.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) exige a los inmigrantes indocumentados registrarse ante la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y aunque estas personas tendrán que decidir hacerlo voluntariamente, la orden tiene una base legal.
La decisión del gobierno del presidente Donald Trump anunciada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, toma como fundamento la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) que integra en el título “Registro de extranjeros” (§1302).
“(a) Todo extranjero que se encuentre o arribe a los Estados Unidos, que (1) tenga catorce años de edad o más, (2) no haya sido registrado ni se le hayan tomado las huellas dactilares de conformidad con la sección 1201(b) de este título o la sección 30 o 31 de la Ley de Registro de Extranjeros de 1940, y (3) permanezca en los Estados Unidos durante treinta días o más, tendrá el deber de solicitar el registro y que se le tomen las huellas dactilares antes de que expiren dichos treinta días”, indica la INA.
La norma marca que los padres o tutores de menores de 14 años también deben registrar a los niños y adolescentes a su cargo.
La INA también indica que el Departamento de Justicia puede obligar al registro “en el caso de cualquier no inmigrante”.
Tras los ataques terroristas en 9/11, el gobierno del presidente George W. Bush creó el Sistema Nacional de Registro de Entradas y Salidas de Seguridad (NSEERS, por sus siglas en inglés), dirigido a extranjeros de 25 países, la mayoría musulmanes, algo que desató presiones de organizaciones, como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), al considerar que la decisión promovía la discriminación con base en religión, etnia y ciudadanía.
En 2003, ACLU logró que el Gobierno federal redujera una parte sustancial, ya que se obligaba a los inmigrantes regresar a las oficinas de inmigración para la reinscripción anual y entrevistas de “seguimiento” cada 30 días.
El sistema, sin embargo, permitió la persecución de miles de personas, por lo que hubo mayor presión para desaparecer el NSEERS, el cual volvió a tener restricciones en abril de 2011 con el gobierno de Barack Obama, pero en 2016 el DHS finalmente desmanteló las regulaciones calificadas como discriminatorias.
¿Qué se exige a los indocumentados?
Como parte de una estrategia para que los inmigrantes indocumentados dejen voluntariamente Estados Unidos, el DHS lanzó una campaña publicitaria, pero también exige a estas personas registrarse ante USCIS.
“La [INA] creó múltiples herramientas para rastrear a los extranjeros ilegales y obligarlos a abandonar el país voluntariamente”, especificó el DHS al anunciar la medida.
El mensaje hace referencia a acciones judiciales que cita también la ley migratoria.
“Estas herramientas incluyen sanciones penales para ciertos extranjeros”, se agrega.
El DHS proporcionó una página web que dirige a un espacio en inglés y español de USCIS, donde como primer paso las personas pueden crear una cuenta y posteriormente serán notificadas sobre las acciones posteriores.
“Una vez que se implemente el proceso de registro, los extranjeros enviarán su registro, y los padres y tutores enviarán las solicitudes de registro en nombre de sus hijos menores de 14 años, a través de su cuenta en línea de USCIS”, se indicó.
USCIS aclara que formar parte de la base de datos no proporciona ningún beneficio migratorio ni permiso de trabajo a los inmigrantes.
Un reporte previo del Wall Street Journal informó que los inmigrantes tendrían 30 días inscribirse y se castigaría con multas de hasta $5,000 y hasta seis meses de prisión a quienes no lo hicieran.
El registro tampoco es un perdón a la deportación, por lo que el DHS nvita a los inmigrantes a irse voluntariamente.
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