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Un juez federal desestimó el lunes los casos penales contra el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York Letitia James, concluyendo que el fiscal que presentó los cargos a instancias del presidente Donald Trump fue designado ilegalmente por el Departamento de Justicia.
Los fallos del juez federal de distrito Cameron McGowan Currie detienen al menos por ahora un par de procesos que habían acelerado las preocupaciones de que el Departamento de Justicia estaba siendo utilizado como arma para perseguir a los adversarios políticos del presidente y equivalen a una sorprendente reprimenda a las maniobras legales de la administración Trump para instalar a un fiscal leal e inexperto dispuesto a presentar los casos.
Las órdenes convierten a Lindsey Halligan en la última fiscal de la administración Trump en ser descalificada debido a la forma en que fueron designadas. Ambos acusados habían solicitado la desestimación de los casos con perjuicio, lo que significa que el Departamento de Justicia no podría volver a presentarlos. Sin embargo, el juez los desestimó sin perjuicio, aunque no quedó claro de inmediato si el Departamento de Justicia intentaría reactivar los procesos ni cómo.
La impugnación del nombramiento de Halligan fue parte de un ataque múltiple contra las acusaciones formales por parte de Comey y James, quienes buscaban la desestimación de sus casos alegando que los procesos eran vengativos. Los abogados de Comey también se aprovecharon de irregularidades en el proceso del gran jurado para intentar que la acusación se desestimara. Ambas solicitudes siguen pendientes.
La orden del lunes trata exclusivamente del mecanismo que empleó la administración Trump para nombrar a Halligan, un ex asistente de la Casa Blanca sin experiencia previa como fiscal, para dirigir una de las oficinas más importantes y elitistas del Departamento de Justicia.
Halligan fue nombrado para el cargo en septiembre después de que otro fiscal estadounidense interino, Erik Siebert, fuera efectivamente obligado a dimitir en medio de la presión de la administración Trump para presentar cargos contra Comey y James.
Tras la renuncia de Siebert, los abogados de Comey argumentaron que los jueces del tribunal federal de distrito deberían haber tenido la exclusiva decisión de quién ocuparía la vacante. En cambio, Trump nominó a Halligan mientras imploraba públicamente a Bondi en redes sociales que tomara medidas contra sus oponentes políticos, afirmando en una publicación de Truth Social: “¡¡¡HAY QUE HACER JUSTICIA YA!!!”.
Comey fue acusado días después por cargos de hacer una declaración falsa y obstruir al Congreso, y James fue acusado poco después en una investigación de fraude hipotecario.
En una declaración, James dijo: “Me siento alentado por la victoria de hoy y agradecido por las oraciones y el apoyo que he recibido de todo el país”.
“Sigo siendo valiente ante estas acusaciones infundadas mientras sigo luchando por los neoyorquinos todos los días”, dijo el fiscal general de Nueva York, un demócrata.
Los jueces han descalificado por separado a los fiscales federales interinos de Nueva Jersey, Los Ángeles y Nevada, pero han permitido que los casos bajo su supervisión sigan adelante. Sin embargo, los abogados de Comey y James argumentaron que el fallo de Currie debía ir aún más lejos, ya que Halligan fue el único firmante de las acusaciones y el impulsor de las mismas.
Comey ha sido durante años uno de los principales antagonistas de Trump. Nombrado para el cargo en 2013 por el presidente Barack Obama, Comey, al momento de la elección de Trump en 2016, supervisaba una investigación sobre si su campaña presidencial había conspirado con Rusia para influir en el resultado de la contienda. Furioso por dicha investigación, Trump despidió a Comey en mayo de 2017 y desde entonces ambos funcionarios han mantenido un enfrentamiento verbal.
James también ha sido blanco frecuente de la ira de Trump, especialmente desde que obtuvo una sentencia abrumadora contra él y la Organización Trump en una demanda que lo acusaba de defraudar a bancos al exagerar el valor de sus propiedades inmobiliarias en sus estados financieros. Un tribunal de apelaciones anuló la multa, que se había disparado a más de 500 millones de dólares con intereses, pero confirmó la sentencia de un tribunal inferior que determinó que Trump había cometido fraude.
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Los periodistas de Associated Press Michael R. Sisak en Nueva York y Lindsay Whitehurst y Alanna Durkin Richer en Washington contribuyeron a este informe.
