Juan Montoya.
Un ex empleado de la Junta de Servicios Públicos de Brownsville (PUB) recuerda que lo enviaron a la casa del ex presidente de servicios públicos Ruben Edelstein, quien acababa de terminar su mandato como alcalde de Brownsville en 1979.
¿Su tarea? Para conectar su medidor eléctrico una vez más. Al parecer, el PUB permitió que sus alcaldes obtuvieran electricidad gratis mientras cumplían su mandato, una especie de beneficio de alcalde que venía con el territorio.
Avance rápido hasta el mandato del alcalde Tony Martinez. Durante una reunión celebrada el 3 de noviembre de 2015, él y el resto de la comisión estaban considerando la venta de propiedades en mora de impuestos en la ciudad.
Actas de la reunión ordinaria en la que una comisión municipal unánime, después de salir de la sesión ejecutiva en la que John Guevara, en representación de Linbarger, Goggan Blair y Sampson LLD y el abogado de la ciudad Mark Sossi, describieron las licitaciones / ofertas por 16 propiedades ofrecidas a la venta por morosidad tributaria, muestran que todos votaron para vender las propiedades por los impuestos adeudados a los mejores postores.
Entre ellos se incluyó el resaltado en el gráfico de la derecha (2015-071). La dirección de la calle era 1226 E. Van Buren, junto al antiguo despacho de abogados del alcalde.
Tenga en cuenta que las actas muestran que Martínez participó en la discusión de la sesión ejecutiva y luego votó para que la ciudad aceptara las ofertas por las 16 propiedades, incluida la que había ofertado.
Martínez había estado tratando de vender la propiedad a Rio Grande Valley Rural Legal Aid Inc., pero la venta se estancó debido a la escasez de espacios de estacionamiento. La propiedad en mora tributaria le daría suficiente espacio para abordar ese problema.
Su oferta fue de $ 5,200 y el valor de tasación por el Distrito de Tasación del Condado de Cameron fue de $ 13,500.
Cuando Sossi le recordó a Martínez que tal vez hubiera querido abstenerse de participar en la Discusión de la sesión ejecutiva y la votación, Martínez – imperioso como siempre – le dijo a Sossi que había consultado con “un abogado de verdad” y que participaría y votaría para vender él mismo la propiedad. Lo hizo y adquirió la propiedad que necesitaba para cerrar el trato y embolsarse sus ganancias.
Avance rápido de nuevo. Esta vez es la reunión del 30 de septiembre de 2021 de la junta directiva de Brownsville Brownsville Community Improvement Corporation (BCIC). Antes de ellos había cuatro solicitudes de subvención del Programa de Mejora y Crecimiento Empresarial (BIG) 2.0.
Una de las solicitudes fue para una subvención de $ 200,00 de Urban 8 Properties LLC para mejorar el edificio histórico de la Planta de Coca Cola en el centro de Washington Street. Lo que nadie sabía era que Urban 8 se formó en junio y que los directores eran el alcalde de Brownsville, Juan “Trey” Méndez, y el exdirector de asuntos gubernamentales y comunitarios, Ramiro González.
La pareja, ambos miembros administradores de la LLC, había comprado la propiedad por $ 382,000 en agosto pasado a través de un préstamo con Texas National Bank.
La pareja había comprado la propiedad a Cameron Peralta, una anciana que no podía hablar ni leer inglés, y debía más de $ 12,000 en un gravamen de impuestos en mora, en agosto y luego había solicitado la subvención de $ 200,000 a través de BCIC, una junta cuyo los miembros son nombrados por el alcalde (Méndez) y la comisión de la ciudad.
Cuando se reveló la identidad de los propietarios de Urban 8 en las redes sociales antes de la reunión del BCIC donde se consideraría su solicitud, González renunció a su puesto municipal de $ 82,900 bajo el administrador de la ciudad Noel Bernal.
El BCIC sacó un tema de su agenda antes de la reunión. Siniestramente, el distrito del condado de Cameron.
El abogado Luis V. Sáenz y el cuadro de fiscales llegaron a la reunión y esperaron la votación de las solicitudes.
Ahora escuchamos que Sáenz está revisando las subvenciones de BCIC a empresas locales para ver qué otras subvenciones pueden haber sido afectadas por posibles conflictos de intereses y auto-negociación de la comisión de la ciudad y los miembros de la junta de BCIC.
El abogado Tony Martinez y el abogado Trey Méndez aparentemente ven las iniciales de sus nombres (ATM) como un derecho a beneficiarse de sus cargos públicos.
Cómo cambian las cosas y, sin embargo, siguen siendo las mismas.
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