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La Cámara de Representantes de Estados Unidos se disponía el miércoles a votar sobre un requisito de prueba de ciudadanía para el registro de votantes, una propuesta que los republicanos han priorizado como tema de discusión en año electoral aun cuando investigaciones muestran que es excepcionalmente raro que personas no ciudadanas se registren y emitan su voto ilegalmente en elecciones federales.
Incluso si la Cámara de Representantes, controlada por el Partido Republicano, aprueba la legislación, es poco probable que avance en el Senado, dominado por los demócratas. La administración Biden también dijo que se opone firmemente porque dice que ya existen salvaguardas para verificar la elegibilidad de los votantes y hacer cumplir la ley contra los no ciudadanos que intentan emitir su voto.
Aun así, la votación en la Cámara de Representantes dará a los republicanos la oportunidad de llamar la atención sobre dos de sus temas centrales en la carrera de 2024: la frontera y la seguridad electoral. También están utilizando la oposición demócrata al proyecto de ley como combustible para las afirmaciones del expresidente Donald Trump de que los demócratas han alentado el aumento de inmigrantes para poder lograr que se registren y voten, lo que sería ilegal. Los no ciudadanos no pueden votar en las elecciones federales, ni tampoco en ninguna elección estatal.
El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, un partidario clave del proyecto de ley, dijo en una conferencia de prensa a principios de esta semana que la oposición demócrata significa que muchos demócratas “quieren que los ilegales participen en nuestras elecciones federales; quieren que voten”.
Durante un discurso pronunciado el miércoles como anticipo del esperado debate en la Cámara de Representantes, calificó la votación como un “momento que definirá una generación”.
“Si tan solo un pequeño porcentaje, una fracción de una fracción de todos esos inmigrantes ilegales que Joe Biden ha traído aquí para votar, si votan, no solo cambiaría una contienda electoral”, dijo. “Podría cambiar potencialmente todas nuestras contiendas”.
Esta semana, en su plataforma Truth Social, Trump sugirió que los demócratas están presionando para darle a los inmigrantes no ciudadanos el derecho a votar e instó a los republicanos a aprobar la legislación (la Ley de Protección de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses) o “irse a casa y llorar hasta quedarse dormidos”.
La obsesión por el voto de los no ciudadanos forma parte de una estrategia de campaña más amplia y a largo plazo de Trump, que consiste en poner en duda la validez de una elección en caso de que pierda, y ha insistido constantemente en esa narrativa durante sus actos de campaña de este año. El mes pasado, en Las Vegas, dijo a sus partidarios: “La única forma en que pueden vencernos es haciendo trampa”. También forma parte de una estrategia de campaña republicana más amplia, en la que los legisladores republicanos de todo el país están aprobando leyes estatales y poniendo en las boletas electorales estatales medidas que favorezcan el voto de los no ciudadanos en noviembre.
Los demócratas y los defensores del derecho al voto han dicho que la legislación es innecesaria porque ya es un delito que los no ciudadanos se registren para votar en las elecciones federales, y que se castiga con multas, prisión o deportación. Cualquiera que se registre debe atestiguar bajo pena de perjurio que es ciudadano estadounidense. Los no ciudadanos tampoco pueden votar a nivel estatal. Un puñado de municipios les permiten votar en algunas elecciones locales.
También han señalado encuestas que muestran que millones de estadounidenses no tienen fácil acceso a pruebas documentales actualizadas de ciudadanía, como un certificado de nacimiento, un certificado de naturalización o un pasaporte, y por lo tanto el proyecto de ley podría inhibir a los votantes ciudadanos estadounidenses que no pueden demostrar aún más su estatus.
Durante un debate en el pleno antes de la votación del miércoles, el representante Joe Morelle de Nueva York, el demócrata de mayor rango en el Comité de Administración de la Cámara de Representantes, expresó su preocupación de que el proyecto de ley privaría de sus derechos a varios ciudadanos estadounidenses.
Mencionó a los miembros militares estacionados en el extranjero que no pudieron mostrar prueba documental de ciudadanía en persona en una oficina electoral, así como a las mujeres casadas cuyos nombres han cambiado, a los nativos americanos cuyas identificaciones tribales no muestran su lugar de nacimiento y a los sobrevivientes de desastres naturales que han perdido sus documentos personales.
Morelle dijo que no ve el proyecto de ley como un intento de mantener las listas de votantes, sino como parte de planes más amplios liderados por el Partido Republicano para cuestionar la validez de las próximas elecciones.
“La falsa afirmación de que existe una conspiración para registrar a no ciudadanos es un pretexto para intentar anular las elecciones de 2024, lo que podría conducir a otra tragedia el 6 de enero de 2025”, dijo Morelle en el pleno.
Sin embargo, los republicanos que apoyan el proyecto de ley dicen que el reciente aumento sin precedentes de inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México crea un riesgo demasiado grande de que los no ciudadanos pasen desapercibidos. Podrían violar la ley, intencional o inadvertidamente, para emitir votos que influyan en las contiendas en medio de márgenes estrechos en las elecciones de noviembre.
“Cada voto ilegal anula el voto de un ciudadano estadounidense legal”, dijo el representante Bryan Steil de Wisconsin, presidente republicano del Comité de Administración de la Cámara de Representantes, durante el debate en el pleno.
Si se aprueba, el proyecto de ley exigiría que los no ciudadanos sean eliminados de las listas electorales estatales y que los nuevos solicitantes proporcionen pruebas documentales de ciudadanía estadounidense. También exigiría que los estados establezcan un proceso para que los solicitantes que no puedan mostrar pruebas proporcionen otras pruebas además de su atestación de ciudadanía, aunque no está claro qué pruebas podrían incluir.
Las investigaciones y auditorías realizadas en varios estados muestran que ha habido casos de no ciudadanos que se registraron para votar y emitieron su voto, aunque esto sucede en raras ocasiones y generalmente por error. Los estados tienen mecanismos para verificarlo, aunque no existe un protocolo estándar que todos sigan.
Por ejemplo, el Secretario de Estado de Ohio, Frank LaRose, encontró recientemente 137 presuntos no ciudadanos en las listas del estado (de un total de aproximadamente 8 millones de votantes) y dijo que estaba tomando medidas para confirmarlos y eliminarlos.
En 2022, el secretario de estado republicano de Georgia, Brad Raffensperger, realizó una auditoría de los padrones electorales de su estado en busca de no ciudadanos. Su oficina descubrió que 1.634 personas habían intentado registrarse para votar durante un período de 25 años, pero los funcionarios electorales habían detectado todas las solicitudes y ninguna había podido registrarse.
En Carolina del Norte, en 2016, una auditoría de las elecciones concluyó que, de un total de 4,8 millones de votos emitidos, votaron 41 inmigrantes legales que aún no se habían convertido en ciudadanos. Los votos no marcaron ninguna diferencia en ninguna de las elecciones del estado.
En un documento que respalda el proyecto de ley, Johnson enumeró otros ejemplos de no ciudadanos que habían sido eliminados de los registros en Boston y Virginia. Los departamentos electorales de esos estados no respondieron de inmediato a las preguntas de The Associated Press para verificar las afirmaciones.
Varios secretarios de estado, entrevistados durante su conferencia de verano en Puerto Rico esta semana, dijeron que los no ciudadanos que intentan registrarse y votar no son un gran problema en su estado.
El secretario de estado de Kentucky, Michael Adams, un republicano, dijo que su estado ya requiere una identificación con fotografía para votar y que la mayoría de las personas usan una licencia de conducir.
“Realmente no tenemos un problema con esto en mi estado”, dijo en una entrevista.
La vicegobernadora de Utah, Deidre Henderson, republicana y encargada de supervisar las elecciones, dijo que apoya la legislación en su concepto, pero ofreció una advertencia sobre cómo la eliminación agresiva de los padrones electorales a veces puede dar como resultado la eliminación de votantes calificados. Hace unos años, todos los miembros de su familia recibieron papeletas de voto por correo para una elección municipal, excepto ella. La habían eliminado de los padrones porque había nacido en los Países Bajos, donde su padre estaba destinado en la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
“Yo era vicegobernadora, supervisaba las elecciones y me sacaron del cargo porque nací en los Países Bajos”, dijo, “así que creo que definitivamente tenemos esos controles y equilibrios en el estado de Utah, tal vez en un extremo”.
La votación de la Cámara se produce días después de que el Comité Nacional Republicano publicara su plataforma partidaria, que pone énfasis en cuestiones de seguridad fronteriza y se opone a que los demócratas otorguen “derecho de voto” a los inmigrantes que viven ilegalmente en el país.
Se espera que los republicanos arrojen luz sobre sus preocupaciones sobre inmigración e integridad electoral en la Convención Nacional Republicana la próxima semana en Milwaukee, donde Trump tiene previsto aceptar su tercera nominación consecutiva para presidente.
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Swenson informó desde Nueva York. La periodista de Associated Press Christina A. Cassidy en San Juan, Puerto Rico, contribuyó a este despacho.
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