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El futuro de una barrera de boyas gigantes que el gobernador de Texas, Greg Abbot, colocó en el Río Grande el año pasado para disuadir el tráfico de inmigrantes puede depender de si un tramo rocoso y poco profundo del río fronterizo puede considerarse “navegable”. y si la inmigración constituye a veces una invasión hostil.
El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos en pleno, compuesto por 17 miembros, escuchó argumentos sobre los temas en Nueva Orleans el miércoles, el último debate judicial en múltiples disputas legales sobre el control fronterizo entre el presidente demócrata Joe Biden y el gobernador republicano. Los jueces no indicaron cuándo se pronunciarían.
Parte de la audiencia abordó la afirmación de Texas de que la barrera está autorizada constitucionalmente como medio de defensa contra una invasión.
“¿Está usted diciendo que la ley federal supera el derecho constitucional del estado?” preguntó la jueza Edith Jones al abogado del Departamento de Justicia, Michael Gray. Más tarde añadió: “¿Bajo qué circunstancias puede Estados Unidos frustrar ese intento de autodefensa?”
En respuesta a las preguntas de Jones y el juez James Ho, Gray argumentó que un gobernador no puede eludir la ley federal simplemente alegando una invasión. “Su argumento es que, una vez que dicen invasión, ‘Podemos hacer lo que queramos durante el tiempo que queramos’. No creemos que eso sea correcto”, dijo Gray.
Pero gran parte de la audiencia abordó si la administración tenía razón en que el Río Grande está sujeto a regulación federal como vía navegable.
Texas dice que el tramo del río es rocoso y poco profundo, describiéndolo como “hasta los tobillos” en una presentación.
“Durante la mayor parte de su extensión y gran parte de su historia, el Río Grande ha sido poco más que un arroyo con un publicista excelente”, dijo Lanora Pettit, de la Oficina del Procurador General de Texas.
La administración Biden ha señalado el tráfico de transbordadores en el área en el pasado, el uso de la zona por embarcaciones de la Guardia Costera de EE. UU. y la Comisión Internacional de Límites y Aguas y la posibilidad de proyectos futuros para hacer que el tramo sea más adecuado para el tráfico comercial.
El estado instaló las boyas anaranjadas del tamaño de una bola de demolición en julio pasado. La barrera se extiende unos 304 metros (1000 pies) a lo largo de la frontera internacional con México entre la ciudad fronteriza de Eagle Pass en Texas y Piedras Negras, Coahuila.
En diciembre, un panel dividido del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos se puso del lado de un juez de distrito federal en Texas que dijo que las boyas debían ser trasladadas. Pero el fallo del panel por 2-1 quedó anulado en enero cuando una mayoría de los 17 jueces activos del tribunal dominado por los conservadores votaron a favor de volver a escuchar el caso. Un juez número 18, que tiene un estatus de alto nivel a tiempo parcial y estaba en el panel de tres miembros, también participó con el tribunal en pleno el miércoles.
La administración Biden también está luchando por el derecho a cortar cercas de alambre de púas en la frontera y por el acceso a un parque urbano en la frontera que el estado cercó.
Y está pendiente una decisión de un panel del Quinto Circuito sobre si se debe permitir que Texas aplique una ley que permite a cualquier agente de la ley de Texas arrestar a personas sospechosas de ingresar al país ilegalmente.
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