Texas Tribune.
El Fiscal General Ken Paxton está apuntando a otra organización sin fines de lucro que trabaja con clientes inmigrantes, esta vez por presuntas violaciones de las leyes de protección al consumidor, un nuevo argumento que la organización con sede en El Paso dice que es una extralimitación de la autoridad de la agencia estatal.
Es al menos la quinta vez este año que la oficina de Paxton inicia una investigación sobre una organización sin fines de lucro centrada en la inmigración en Texas.
El 4 de septiembre, el Centro de Defensa de los Inmigrantes de Las Américas dijo que recibió una demanda de investigación civil de la oficina de Paxton buscando información y comunicaciones relacionadas con un programa de patrocinio de migrantes que permite que hasta 30.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela emigren legalmente a los EE. UU. cada mes.
En lugar de responder a esas demandas, Las Américas —representada por abogados del Proyecto de Derechos Civiles de Texas— presentó el miércoles una demanda federal por derechos civiles en la que solicita una orden preliminar para detener la investigación de Paxton. La demanda sostiene que el estado está formulando afirmaciones “infundadas” que ya han afectado el trabajo de Las Américas, una organización de 37 años de antigüedad que brinda servicios legales a inmigrantes de bajos ingresos y defiende los derechos de los inmigrantes.
“Las Américas no busca nada más que llevar a cabo su misión de ayudar a los inmigrantes vulnerables que lo necesitan”, afirma la demanda, que también afirma que la oficina de Paxton está infringiendo los derechos de la Primera Enmienda del grupo porque las comunicaciones son expresión protegida, al igual que la defensa del grupo para cambiar el sistema de inmigración de Estados Unidos.
La oficina de Paxton no respondió de inmediato el jueves por la mañana a una solicitud de comentarios.
La solicitud de información a Las Américas es la última investigación estatal sobre organizaciones que realizan trabajo relacionado con la inmigración, incluido un intento de cerrar una red de refugios para migrantes con sede en El Paso, Annunciation House, que trabaja regularmente con Las Américas; las dos comparten fundadores.
Hasta ahora los jueces de Texas han rechazado en gran medida esos esfuerzos.
Por otra parte, la oficina de Paxton se unió a otros 19 fiscales generales para presentar una demanda federal en enero de 2023 que tiene como objetivo detener la política federal de patrocinio de migrantes que es objeto de la investigación de Las Américas.
El presidente Joe Biden lanzó el programa en diciembre de 2022 para desalentar los cruces ilegales hacia los EE. UU. Para ser elegible bajo el programa, una persona necesita un patrocinador estadounidense que la apoye económicamente.
La política se ha convertido en un pararrayos para algunos funcionarios electos republicanos que han calificado la iniciativa como un programa ilegal de libertad condicional masiva.
Más recientemente, la división de protección al consumidor del fiscal general ha puesto en la mira a organizaciones sin fines de lucro cuyas misiones se oponen en gran medida a sus políticas, según una investigación de The Texas Tribune y ProPublica . Estas organizaciones trabajan en temas como la inmigración, la atención médica que reafirma el género y el fomento de un lugar de trabajo diverso.
Los abogados de Las Américas dijeron que la investigación de Paxton sobre la organización sin fines de lucro parece ser la primera vez que la oficina del fiscal general ha citado específicamente la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas del estado como base para una investigación de una organización sin fines de lucro de inmigración.
La carta del procurador general a Las Américas requería una respuesta para el viernes, dijo el abogado de la organización sin fines de lucro, Aron Thorn del Proyecto de Derechos Civiles de Texas. Thorn descartó la investigación como una represalia contra Las Américas debido al trabajo que realiza, su estrecha asociación con Annunciation House, a la que la oficina de Paxton ha acusado de tráfico de personas, y su condición de demandante en dos demandas a las que se opone la oficina del procurador general.
Una de esas demandas ha detenido por ahora una ley estatal que otorga a la policía la autoridad para arrestar a personas sospechosas de ingresar al país ilegalmente. La otra impugnaba las nuevas restricciones federales al asilo , que Texas está tratando de ayudar a defender junto con la administración Biden.
La directora ejecutiva de Las Américas, Marisa Limón Garza, dijo en una entrevista que la búsqueda de información por parte del estado ya había resultado en cambios de procedimientos para garantizar aún más que la información confidencial sobre los clientes esté segura.
En la demanda presentada el miércoles, el grupo dijo que está considerando tomar precauciones aún más estrictas y también está reconsiderando su trabajo en Ciudad Juárez, México, donde la organización ha ayudado a los migrantes que esperan ingresar al país legalmente.
“La gente tiene una mayor sensación de seguridad en relación con su propio trabajo”, afirmó Garza. “La protección de los clientes es primordial”.
Las investigaciones de Paxton siguen una directiva de 2022 del gobernador Greg Abbott para investigar el papel de las organizaciones no gubernamentales “en la planificación y facilitación del transporte ilegal de inmigrantes ilegales a través de nuestras fronteras”.
Si bien algunas de las investigaciones se han hecho públicas, no está claro el alcance de las investigaciones que lleva a cabo la oficina de Paxton. La oficina está combatiendo la solicitud de acceso a los registros del Tribune que busca la divulgación de documentos relacionados con sus investigaciones, argumentando que los registros están exentos de divulgación debido a las protecciones que rodean los litigios pendientes.
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