Texas Tribune.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, inició una investigación en casi 1.000 ciudades de Texas para asegurarse de que están cumpliendo una nueva ley estatal destinada a evitar que las localidades aumenten indebidamente los impuestos a la propiedad, dijo su oficina el martes.
La iniciativa está diseñada para implementar una nueva ley estatal que establece que las ciudades no pueden recaudar más impuestos prediales que el año anterior si no cumplen con los requisitos de transparencia financiera establecidos en la ley estatal. Esta nueva ley forma parte de una iniciativa más amplia de los republicanos de Texas para controlar los altos impuestos prediales del estado.
Paxton ha solicitado documentos financieros y otra información a la mayoría de las 1200 ciudades del estado, según informó su oficina. En el comunicado de prensa del martes, Paxton no alegó irregularidades por parte de las ciudades.
Houston, Dallas, Fort Worth, Corpus Christi y Waco estaban entre las ciudades nombradas en el anuncio.
Un portavoz de Waco dijo que la ciudad del centro de Texas recibió una carta de la oficina de Paxton el 21 de noviembre.
“La ciudad de Waco presentó toda la documentación solicitada el 23 de noviembre, demostrando así el pleno cumplimiento de las leyes estatales aplicables”, declaró el portavoz. “Nos tomamos estos asuntos muy en serio y mantenemos nuestro compromiso con una gestión fiscal rigurosa, la transparencia en la presentación de informes y el cumplimiento de todos los requisitos estatales. Si la Fiscalía General solicita información adicional, seguiremos cooperando plenamente”.
Se ajusta al patrón de Paxton de hacer anuncios llamativos con investigaciones de gran alcance y su poder para impulsar una agenda conservadora.
“Esta es la Legislatura conservadora utilizando al fiscal general conservador para imponer un gobierno conservador en las ciudades de Texas, que pueden o no ser conservadoras”, dijo Randall Erben, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas.
Erben expresó dudas de que la Fiscalía General, que ha externalizado trabajos en el pasado , pudiera demostrar irregularidades dada la magnitud de la investigación.
“Decir que requiere mucho personal sería quedarse corto”, dijo Erben.
La oficina de Paxton no respondió preguntas adicionales de The Tribune sobre el alcance de la investigación.
Un portavoz de San Antonio dijo que la ciudad “cumple con las leyes estatales que rigen los informes financieros y la transparencia” y proporcionará a la oficina de Paxton la información que buscan.
“Esta revisión no altera la planificación presupuestaria actual de la Ciudad”, declaró el portavoz Brian Chasnoff. “La Ciudad sigue un proceso público cada año y mantenemos nuestro compromiso con la transparencia y la gestión responsable del dinero de los contribuyentes”.
La oficina de Paxton indicó que El Paso se encuentra entre las ciudades incluidas en su revisión. Sin embargo, los funcionarios de la ciudad fronteriza no han recibido noticias de la fiscalía general, según informó la portavoz Laura Cruz-Acosta en un correo electrónico.
“La Ciudad de El Paso siempre ha cumplido con todas las leyes, normas y reglamentos aplicables en materia de presupuesto, adopción de tasas impositivas e informes financieros”, declaró Cruz-Acosta, quien destacó los premios que la ciudad ha recibido por sus informes financieros. “Nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad de mantener la transparencia y la rendición de cuentas fiscales y cumplimos constantemente con todos los plazos para los estados financieros auditados y la información requerida”.
La ley estatal exige que las ciudades realicen una auditoría financiera anual y publiquen un estado financiero anual basado en dicha auditoría. Las ciudades deben publicar dicho estado 180 días después del cierre del año fiscal municipal. El Proyecto de Ley del Senado 1851 , que entró en vigor el 1 de septiembre, busca impedir que las ciudades recauden más impuestos sobre la propiedad que el año anterior si no cumplen con estos requisitos. La nueva ley permite a los residentes presentar quejas ante la fiscalía general si sospechan que las localidades no han cumplido con los requisitos.
A principios de este año, Paxton envió cartas a Odessa, La Marque, Tom Bean y Whitesboro exigiendo que eliminaran los aumentos del impuesto predial, argumentando que no cumplían con dichos requisitos. Funcionarios de Odessa, La Marque y Whitesboro declararon al Tribune que creían estar cumpliendo con la ley.
La oficina de Paxton lanzó la iniciativa porque “se hizo evidente que las ciudades de todo el estado incumplen sistemáticamente” con los requisitos de informes financieros del estado, dijo su oficina en un comunicado de prensa.
“No se permitirá que los funcionarios locales ignoren la ley, oculten sus finanzas y agobien a los tejanos con aumentos de impuestos interminables”, declaró Paxton en un comunicado. “Nuestras ciudades y municipios deben priorizar la transparencia y minimizar la carga fiscal de todos los ciudadanos del estado”.
— El editor en jefe de Waco Bridge, JB Smith, contribuyó
