El DOJ revive el plazo de 10 días para apelar deportaciones y confirma cuándo aplicará.

El DOJ revive la medida bloqueada por una corte; el nuevo plazo entrará en vigor el 17 de diciembre para ciertos casos.

La Opinión.

El gobierno de Donald Trump vuelve a apretar los tiempos para quienes buscan frenar una deportación en Estados Unidos. El Departamento de Justicia (DOJ) formalizó una regla que reduce de 30 a solo 10 días el plazo para presentar determinadas apelaciones migratorias, una medida que había sido bloqueada por una corte federal y que ahora tiene nueva fecha para entrar en vigor.

El cambio comenzará a aplicarse el 17 de diciembre de 2026, por lo que los inmigrantes afectados tendrán mucho menos margen para buscar asesoría legal, preparar documentos y cuestionar la decisión de un juez de inmigración.’

La disposición fue publicada en el Federal Register como una regla final sobre los procedimientos de apelación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA). El DOJ sostiene que la reforma busca acelerar la resolución de casos y combatir el rezago acumulado en esa instancia.

Los inmigrantes tendrán menos tiempo.

Hasta ahora, el plazo general para apelar una decisión de un juez migratorio ante la BIA era de 30 días. Con la nueva disposición, en determinados procedimientos ese periodo quedará reducido a 10 días calendario.

El recorte no aplica de manera indiscriminada a todos los casos. Las apelaciones de ciertas decisiones sobre el fondo de solicitudes de asilo mantienen el plazo de 30 días, mientras que otros procedimientos, incluidos casos de cancelación de deportación y distintas formas de alivio migratorio, estarán sujetos al periodo más corto.

La organización Catholic Legal Immigration Network (CLINIC) advirtió que el cambio puede complicar la defensa de personas que necesitan conseguir un abogado o reunir argumentos contra una resolución migratoria.

La regla había sido frenada en tribunales.

La medida no es nueva. En febrero, el DOJ anunció cambios similares, pero el 8 de marzo una corte federal bloqueó parte de esa regulación al concluir que el gobierno no había cumplido adecuadamente con los procedimientos de consulta pública.

El fallo dejó sin efecto el recorte de 30 a 10 días, entre otras disposiciones. En un memorando del 13 de marzo, la propia Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración confirmó que el plazo de 30 días seguía vigente.

Ahora, según el Departamento de Justicia, la publicación de la regla final tras el proceso de comentarios públicos corrige los problemas que llevaron al bloqueo judicial.

Una apelación podría ser desestimada

La reforma también cambia la revisión de los casos. La BIA podrá desestimar sumariamente muchas apelaciones, salvo que se cumplan los criterios para que sean revisadas a fondo.

Además, los argumentos deberán plantearse desde el aviso inicial de apelación, pues los puntos omitidos podrían considerarse renunciados.

El cambio preocupa a organizaciones defensoras de inmigrantes, que advierten que menos tiempo y una revisión más limitada pueden dificultar la defensa frente a órdenes de deportación.