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Las autoridades de inmigración de Estados Unidos no planean detener nuevamente a Kilmar Abrego García mientras la orden judicial que lo prohíbe siga vigente, según un documento judicial presentado el martes.
Los planes de la administración del presidente Donald Trump son los últimos en la saga sobre el caso del ciudadano salvadoreño que se ha convertido en un pararrayos para ambos lados del debate migratorio mientras lucha por permanecer en Estados Unidos después de una deportación por error a su país de origen, donde fue encarcelado.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas dejó en claro que detendría a Abrego García si se levantaba la orden, escribió Liana J. Castano, directora adjunta de operaciones de campo, en la presentación.
Funcionarios de Trump han acusado a Abrego García de pertenecer a la pandilla MS-13, pero él ha negado rotundamente las acusaciones y no tiene antecedentes penales. El gobierno lo trajo de regreso a Estados Unidos en junio por orden judicial, pero solo después de emitir una orden de arresto por tráfico de personas en Tennessee.
La jueza federal de distrito Paula Xinis cuestionó a principios de este mes si se podía confiar en que los funcionarios del gobierno cumplieran las órdenes que les impedían devolver a Abrego García a la custodia de inmigración o deportarlo.
El Departamento de Justicia presiona para acusar
Más temprano el martes, una orden recién revelada en el caso penal contra Abrego García reveló que funcionarios de alto nivel del Departamento de Justicia presionaron para su acusación, calificándola de “máxima prioridad”, solo después de que fue deportado por error y luego se ordenó su regreso a los EE. UU.
Abrego García se declaró inocente ante un tribunal federal de los cargos de tráfico de personas. Busca la desestimación del caso alegando que la fiscalía es vengativa, argumentando que la administración Trump lo persigue como castigo por la vergüenza de su deportación errónea.
Para respaldar ese argumento, ha pedido al gobierno que entregue documentos que revelen cómo se tomó la decisión de procesarlo en 2025 por un incidente ocurrido en 2022.
Abrego García había estado bajo custodia de inmigración durante tres meses antes de que Xinis ordenara su liberación el 11 de diciembre. Durante ese tiempo, el gobierno dijo que planeaba deportarlo a Uganda, Eswatini, Ghana y, más recientemente, Liberia.
En su orden del 11 de diciembre, Xinis determinó que los funcionarios de inmigración no tenían un plan viable para expulsar a Ábrego García de Estados Unidos y declaró que no podía ser detenido indefinidamente. Emitió una orden aparte que prohibía al ICE volver a detenerlo, al menos por el momento. Tras una audiencia sobre el asunto, Xinis ordenó al gobierno que presentara el informe publicado el martes, en el que se explicaba si planeaban detener de nuevo a Ábrego García.
El caso de tráfico de personas de Abrego García se origina en una parada de tráfico en Tennessee en 2022, donde fue detenido por exceso de velocidad con nueve pasajeros en el vehículo. Los agentes estatales discutieron la posibilidad de tráfico de personas. Sin embargo, finalmente se le permitió irse con solo una advertencia. El caso fue transferido a Investigaciones de Seguridad Nacional, pero no hay constancia de ningún intento de acusarlo hasta abril de 2025, según los registros judiciales.
La orden recién revelada del 3 de diciembre del juez federal de distrito Waverly Crenshaw obligó al gobierno a proporcionar algunos documentos a Abrego García y sus abogados, aunque no da muchos detalles sobre su contenido.
Afirmaciones de una persecución “vengativa”
Anteriormente, Crenshaw halló que existían “ciertas pruebas” de que el procesamiento de Abrego García podría ser vengativo. Citó específicamente una declaración del fiscal general adjunto Todd Blanche en un programa de Fox News que parecía sugerir que el Departamento de Justicia acusó a Abrego García porque había ganado su caso de deportación injusta.
Rob McGuire, quien fue fiscal federal interino para el Distrito Medio de Tennessee hasta fines de diciembre, argumentó que esas declaraciones eran irrelevantes porque solo él tomó la decisión de procesar y no tiene ningún resentimiento contra Abrego García.
En la orden no sellada, Crenshaw escribe: “Algunos de los documentos sugieren no solo que McGuire no era un tomador de decisiones solitario, sino que de hecho informaba a otros en el Departamento de Justicia y la decisión de procesar a Abrego puede haber sido una decisión conjunta”.
La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Tennessee emitió un comunicado en el que se indica: «Los correos electrónicos citados en la orden del juez Crenshaw, en concreto el correo electrónico del Sr. McGuire del 15 de mayo de 2025, confirman que la decisión final sobre el procesamiento fue tomada por fiscales de carrera con base en los hechos, las pruebas y la práctica establecida del Departamento de Justicia. La comunicación con la Fiscalía General Adjunta sobre un caso de alto perfil es obligatoria y rutinaria».
El correo electrónico al que se hace referencia era de McGuire a su personal y decía que a Blanche le gustaría que García fuera acusado lo antes posible, según la orden de Crenshaw.
La orden también indica que Aakash Singh, quien trabaja bajo la supervisión de Blanche en la Fiscalía General Adjunta, contactó a McGuire sobre el caso de Abrego García el 27 de abril, el mismo día en que McGuire recibió un expediente del caso de Investigaciones de Seguridad Nacional. Esto ocurrió varios días después de que la Corte Suprema de Estados Unidos fallara a favor de Abrego García el 10 de abril.
El 30 de abril, Singh declaró en un correo electrónico a McGuire que el procesamiento era una “máxima prioridad” para la Fiscalía General Adjunta, según la orden. Singh y McGuire continuaron comunicándose sobre el procesamiento. El 18 de mayo, Singh escribió a McGuire y a otros para que suspendieran el borrador de la acusación hasta obtener la “autorización” para presentarlo. “Lo que se insinúa es que la ‘autorización’ provendría de la Fiscalía General Adjunta”, escribe Crenshaw.
Una audiencia sobre la moción para desestimar el caso de tráfico de personas sobre la base de un procesamiento vengativo está programada para el 28 de enero.
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La periodista de Associated Press Hannah Schoenbaum contribuyó desde Salt Lake City.





