Las residencias de ancianos constituyen una de las estampas más dramáticas que ha dejado la arremetida de la pandemia en España.
Y con seguridad la más indignante, porque la tragedia hubiera sido menos impactante si se hubiera actuado con los recursos necesarios.
En México, según reportes de EL UNIVERSAL, el gobierno federal sólo tiene control sanitario de 1.2% de las casas de asistencia para adultos mayores. Esta falta de supervisión podría arrojar cifras muy negativas a la hora del recuento, puesto que el Covid-19 está causando estragos en este sector de la población.
La mitad de las muertes por la pandemia en Europa, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se han producido en estos centros.
En España, casi 19 mil 400 ancianos que vivían en residencias han muerto por coronavirus o con síntomas similares desde el inicio de la pandemia en marzo pasado, lo que representa algo más de 70% de los decesos totales registrados en el país ibérico a causa de la crisis sanitaria.
Los fallecimientos por coronavirus o síntomas asociados con esta enfermedad, no sólo han golpeado emocionalmente a la sociedad española. También han puesto en evidencia un cuadro desolador, al revelar las profundas carencias de muchos de estos centros que venían degradándose desde hace años por falta de inversión. Muchos de los cadáveres se localizaron días después de que los familiares, en medio del caos que siguió al estallido de la pandemia, notificarán la desaparición de sus ancianos.
En algunos asilos se produjeron escenas tétricas, cuando el Ejército descubrió que los residentes estaban conviviendo con cadáveres que no habían sido retirados.
En España existen unas 5 mil 400 residencias, la gran mayoría de ellas privadas o gestionadas por la iniciativa privada (80%), que cobran cifras considerables por acoger a los mayores, entre mil y dos mil euros mensuales, por servicios que dejan mucho que desear como refleja el elevado número de víctimas mortales que se produjeron, especialmente en los asilos de Madrid y Cataluña. También en los centros públicos se han registrado numerosos decesos, sobre todo por la falta de recursos y mantenimiento que aqueja al sector.
Cuando el escándalo estaba en su apogeo, se filtró a la prensa un controvertido protocolo del gobierno de la Comunidad de Madrid en el que se recomendaba no trasladar a ancianos afectados por el coronavirus a los hospitales.
Las autoridades madrileñas han reiterado que sólo se trataba de un borrador, pero el documento cobró relevancia luego de que trascendiera el deterioro de las residencias y se disparara la cifra de fallecidos en el país. En otras comunidades españolas como Cataluña y Galicia circularon también informes internos del sistema sanitario, en los que se daban instrucciones para que las personas de avanzada edad o con enfermedades específicas no fueran trasladadas a los centros hospitalarios que en el pico de la pandemia estuvieron a punto de colapsar.
El desastre humanitario ocurrido en los asilos de ancianos ha generado una lluvia de querellas judiciales en contra de los presuntos responsables y ha contribuido al surgimiento de varias asociaciones de afectados. Las familias de los fallecidos buscan que se investigue por qué no fueron hospitalizados los ancianos contagiados por el Covid-19 o que ofrecían síntomas compatibles con la enfermedad.
La Fiscalía General del Estado ha abierto 190 diligencias civiles y 171 penales relacionadas con la gestión de la crisis del coronavirus en los asilos españoles Las autoridades de varios gobiernos regionales, entre ellos el de la Comunidad de Madrid, tendrán que rendir cuentas ante los tribunales si prosperan las querellas judiciales interpuestas por los familiares de las víctimas.
“El problema que ha habido en las residencias ha sido sobre todo de falta de personal y medios de protección. Llevamos tiempo denunciando el deterioro de las residencias, puesto que algunas se estaban cayendo a pedazos. Si un residente cogía una gripe o una gastroenteritis, a los tres días toda la residencia acababa enferma porque no había medidas de contención.
La pandemia golpeó a un sistema que estaba ya de por sí debilitado”, señala a EL UNIVERSAL Eduardo Calderón, portavoz de Marea de Residencias, plataforma que aglutina a familiares, residentes y trabajadores afectados. El 9 de marzo se dio la orden de cerrar los asilos, pero muchos hasta el 20 de marzo no dejaron a sus trabajadores ponerse mascarillas ni equipos de protección, lo que contribuyó a que se incrementaran los fallecimientos en un grupo de alto riesgo, como son las personas mayores de 70 años.
“El aluvión de muertos y enfermos no ha podido ser absorbido, ni por el sistema sanitario ni por las funerarias, lo que explica también que se hayan descubierto tardíamente ancianos fallecidos en sus habitaciones. El Covid-19 ha demostrado que es un error garrafal el sistema de recortes y privatizaciones de los últimos 20 años, impulsado por la derecha del Partido Popula”, agrega el vocero.
“En Madrid faltan 6 mil médicos. En las residencias pasa lo mismo. Plantillas que deberían ser de 20 personas, apenas son siete. Hay trabajadoras que en una hora tienen que asear a 30 usuarios. Es el ansia de lucro por encima del cuidado de las personas.Las empresas privadas en ningún momento han mirado por el bienestar de los trabajadores o los residentes”, enfatiza.
“Estamos pidiendo sobre todo un cambio de sistema, ya sea 100 por cien público, o privado, pero con una vigilancia y unos pliegos de contrato que impidan hacer las trampas que nos han llevado a esta situación. Teníamos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo y ahora mismo estamos casi en la cola, porque no se ha invertido”, lamenta el portavoz de Marea.
“Se han presentado querellas contra las autoridades de la Comunidad de Madrid, que son responsables de las competencias de las residencias. Hemos empezado por Madrid ciudad, donde hay más testimonios, y luego vamos a ir municipio por municipio presentando las querellas en sus zonas judiciales. Hablamos en principio de más de 200 personas que van a denunciar por falta de prestación de auxilios, entre otros delitos”, concluye.
.
