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José Portillo Gil, conocido como “El Chueco“, vivió en medio de una rampante impunidad durante años, a pesar de tener órdenes de captura por varios crímenes. Mantuvo sometidos a miles de habitantes de la sierra Tarahumara, en su mayoría indígenas, mientras se paseaba tranquilamente por las calles y hasta se jactaba de patrocinar un equipo de béisbol local.
Su más reciente crimen, el asesinato a balazos de dos sacerdotes jesuitas (Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar), así como de un guía turístico (Pedro Palma), al interior de un templo de la comunidad de Cerocahui (Chihuahua), lo colocó en el escenario nacional convirtiéndolo en uno de los criminales más buscados de México, por el que se ofrece una recompensa de cinco millones de pesos por información que lleve a su captura.
La abierta impunidad en la que vivía Portillo Gil fue cuestionada el jueves por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien admitió que era “muy sospechosa” la “vida normal” que tuvo por años el presunto agresor de los sacerdotes, a pesar de tener órdenes de aprehensión pendientes desde 2017 —por un ataque contra la sede de la Agencia Estatal de Investigaciones en Urique— y en 2018 —señalado como principal sospechoso del homicidio del profesor estadounidense Patrick Braxton-Andrew, quien según las autoridades fue asesinado a balazos tras ser confundido con un agente de la agencia antidrogas DEA.
López Obrador anunció que habrá una “investigación a fondo” en el caso de los jesuitas asesinados, así como por la impunidad en la que vivió “El Chueco”.
De acuerdo con informaciones difundidas por los medios, Portillo Gil es el líder de una célula del narcotráfico vinculada al poderoso grupo criminal de Los Salazar que está asociado al cártel de Sinaloa en Chihuahua.
“Era conocido por la comunidad y por las autoridades, esto no es ningún secreto y tampoco es una afirmación gratuita que yo pueda hacer”, dijo el sacerdote jesuita Javier Ávila Aguirre, al asegurar que entre los pobladores de Cerocahui había mucho miedo de denunciar a Portillo Gil por represalias que él pudiera tomar.
Tras el evento del 2018, las autoridades no volvieron a mencionar a Portillo Gil hasta que la Fiscalía de Chihuahua difundió carteles con la fotografía del presunto agresor de dos sacerdotes y el guía de turistas, por quien ofrecieron una suma millonaria, mientras las fuerzas militares y policías mantienen un intenso operativo en el municipio de Urique para capturarlo.
En conferencia de prensa, el fiscal general de Chihuahua, Roberto Fierro Duarte, informó que “El Chueco” era el patrocinador de un equipo de béisbol de Cerocahui. La derrota de su escuadra lo llevó a atacar el lunes a un habitante del poblado y su hermano, quienes aún permanecen desaparecidos.
Horas después de ese hecho, “El Chueco” tuvo una discusión con el guía turístico Pedro Palma, a quien, luego de perseguirlo hasta un templo, asesinó junto a los dos sacerdotes y después se llevó los cuerpos —que fueron localizados el miércoles.
Pese a las críticas que se han intensificado en los últimos días contra las políticas de seguridad de su gobierno y la creciente impunidad que se evidenció en el caso de Portillo Gil, el mandatario mexicano defendió el jueves las acciones que ha ejecutado su administración desde el 2018, y sostuvo que “no se puede arrancar de raíz, de la noche a la mañana” el problema de la delincuencia que se viene enfrentando desde hace varios años en México.
“No se puede enfrentar la violencia con la violencia”, dijo López Obrador tras criticar las políticas de seguridad de los gobiernos anteriores y defender su consigna de “abrazos y no balazos” para enfrentar a los delincuentes.
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