El gobierno de Estados Unidos sancionó el viernes al hijo del presidente nicaragüense Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, a un conocido operador político del gobierno y a dos empresas de comunicación ligadas a ambos, informó el Departamento del Tesoro en Washington.
Las sanciones contra Juan Carlos Ortega Murillo figuran en una lista actualizada sobre designaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro y suponen el congelamiento de sus activos en territorio estadounidense, la prohibición de realizar transacciones financieras con ciudadanos de ese país y la revocación de visas.
Con esta disposición subieron a 22 los funcionarios y allegados a Ortega sancionados por Estados Unidos desde fines de 2017, incluida la propia vicepresidenta y tres de sus hijos.
En los últimos meses recibieron sanciones los hermanos Rafael y Laureano Ortega Murillo, quienes manejan el negocio petrolero y las inversiones extranjeras de Nicaragua, respectivamente.
Juan Carlos Ortega Murillo maneja varios negocios de comunicación, entre éstos la empresa de publicidad “Difuso”, una de las dos sancionadas este viernes. La otra es “Mundo Digital”, vinculada con José Mojica, a quien se menciona como supuesto testaferro de los Ortega.
De momento el gobierno de Managua no ha reaccionado a la noticia, que fue celebrada por líderes opositores. “Estados Unidos sanciona a la mafia de la dictadura”, escribió vía Twitter el director ejecutivo de la opositora Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro.
También lo hizo José Miguel Vivanco, director de la organización de derechos humanos Human Rights Watch, quien saludó a las sanciones vía Twitter con la frase: “Hay que celebrarlas”.
De los 22 funcionarios y allegados a Ortega sancionados por Washington, nueve han recibido sanciones también de Canadá y seis de la Unión Europea y Suiza. Entre ellos destaca el jefe nacional de la Policía, Francisco Díaz, y el presidente del Parlamento, Gustavo Porras.
El 22 de mayo el Departamento del Tesoro dictó sanciones financieras contra el jefe del ejército, general Julio Avilés, y el ministro de Hacienda, Iván Acosta, debido a “su significativo apoyo a la represión y desmantelamiento de las instituciones democráticas por parte del régimen de Ortega”, según informó la entidad norteamericana.
En esa ocasión, el gobierno de Estados Unidos advirtió que “continuará presionando al régimen de Ortega hasta que deje de reprimir al pueblo nicaragüense, respete los derechos humanos y las libertades fundamentales y permita las condiciones para elecciones libres y justas y la restauración de la democracia”.
El gobierno de Donald Trump también ha sancionado a instituciones del gobierno como la Policía Nacional y a siete empresas ligadas a la familia presidencial, entre éstas la Distribuidora de Petróleos de Nicaragua y el Banco Corporativo S.A.
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