WASHINGTON.
Este tipo de facturas suelen producirse cuando un paciente con seguro médico es atendido en un servicio de urgencias ajeno a la red de centros incluidos en su plan, o cuando un doctor de fuera de esa red asiste en un procedimiento hospitalario. Su importe puede oscilar entre cientos y miles de euros. Antes del brote de coronavirus, legisladores en el Congreso habían prometido frenar esta práctica, pero las perspectivas de que la ley salga adelante parecen ahora inciertas.
“El gobierno de Trump se compromete a garantizar que ningún estadounidense se verá sorprendido por el costo relacionado con los tratamientos que necesiten por el COVID-19″, afirmó el vocero de la Casa Blanca, Judd Deere, en un comunicado.
El paquete de estímulos incluye 100.000 millones de dólares para la atención médica, para aliviar los problemas económicos causados por la cancelación masiva de procedimientos electivos en preparación para recibir a pacientes con coronavirus. Se espera que los primeros 30.000 millones, dirigidos a hospitales, se liberen pronto.
La prohibición de las facturas sorpresa protegerá a los pacientes cubiertos por programas gubernamentales, planes de empresa o seguros contratados a título individual.
Los hospitales que acepten la ayuda federal tendrán que certificar que no tratarán de recolectar más dinero del que el paciente adeudaría si hubiese sido atendido en un hospital de su red.
Un grupo que representa a seguros de salud ofrecidos por las empresas aplaudió la medida de la Casa Blanca.
“En un momento en que nada es seguro, los pacientes pueden consolarse al saber que no recibirán facturas escandalosas e inevitables en las semanas y meses posteriores a haber sobrevivido al virus”, dijo Annette Guarisco Fildes, directora de Comité de Industria de ERISA, en un comunicado. ERISA es el nombre de una ley federal que fija los términos y condicionales de los planes de salud de empresa en varios estados.
Estados Unidos tiene ya más de 460.000 casos confirmados de coronavirus, con más de 16.000 fallecidos.
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