EFE.
Diez gobernadores republicanos liderados por el gobernador de Texas, Greg Abbott, presentaron este miércoles un plan de diez puntos que, aseguran, frenaría el actual elevado flujo de inmigrantes indocumentados en la frontera.
Entre sus propuestas se encuentra el volver a implementar de inmediato el programa de Protocolos de Protección al Migrante (MPP), envuelto en una batalla judicial y política con el Gobierno federal.
Este programa obliga a los migrantes indocumentados esperar en México mientras sus peticiones de asilo son procesadas y por él, durante el mandato del expresidente Donal Trump, fueron expulsados del país cerca de 70.000 solicitantes de asilo.
“Estas son acciones que la presente administración puede tomar de inmediato”, dijo Abbott en una conferencia de prensa en el sur de Texas en la que estaba rodeado por los gobernadores republicanos y soldados de la Guardia Nacional.
El grupo nuevamente acusó al presidente, Joe Biden, no solo de “ignorar” la crisis migratoria, sino de fomentarla.
REGRESAR A LAS POLÍTICAS DE TRUMP
Las propuestas presentadas por los gobernadores están basadas en las mismas políticas implementadas por Trump, las cuales, en su opinión, demostraron que pueden asegurar la frontera.
Entre ellas destacan que se termine la construcción del muro fronterizo con México y que se sostengan las expulsiones de migrantes bajo el Título 42, medida sanitaria dictada por el Gobierno Trump, y mantenida por Biden, que busca reducir los contagios en la frontera y, sobre todo, deportar de manera inmediata a cientos de miles de personas.
Esta declaración de emergencia debido a la pandemia de la covid-19 ha permitido a la Patrulla Fronteriza expulsar del país prácticamente de inmediato a cerca de un millón de inmigrantes, de los 1,5 millones arrestados en la frontera, en los últimos 11 meses.
Los gobernadores que llegaron de estados tan lejanos como Nebraska y Ohio dijeron estar sumamente frustrados de que Biden ignore sus peticiones para frenar el flujo migratorio y de drogas que, aseguran, están afectando a sus comunidades.
El pasado 20 de septiembre, el gobernador de Arizona, Doug Ducey, junto con otros 25 gobernadores de diferentes estados solicitaron una reunión urgente con Biden para discutir la crisis migratoria, pero, dijeron, la Casa Blanca ni siquiera se “ha preocupado por contestar”.
Por este motivo, los gobernadores decidieron hacer público su plan, el cual también incluye que el Gobierno federal otorgue asistencia a los estados para luchar en contra del tráfico de drogas, particularmente el fentanilo, el cual está cobrando la vida de miles de estadounidenses.
De acuerdo al gobernador de Arizona, en el Sector de Yuma el arresto de inmigrantes se ha incrementado en un 1.000 % en los últimos meses con respecto al año pasado, marcado por la incidencia de la pandemia, lo que redujo el flujo migratorio.
“Solo hay tres personas que podemos culpar de lo que está pasando en la frontera, estos son el presidente Biden, la vicepresidenta, Kamala Harris, y el secretario de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas”, enfatizó Ducey.
Como parte de su propuesta, los gobernadores también pidieron que se restablezcan los acuerdos migratorios establecidos por Trump con México y países centroamericanos.
Como parte de su propuesta, los gobernadores solicitaron que todos los indocumentados que sean sentenciados por un juez sean deportados y denunciaron que, bajo las nuevas directivas de la Administración Biden, el Servicio de Control de Inmigración (ICE) ha dejado de deportar a personas con antecedentes criminales.
TEXAS Y ARIZONA, A LA VANGUARDIA
Debido al alto incremento del flujo migratorio, tres veces superior al del año fiscal 2020, estados como Arizona y Texas han tomado sus propias medidas para combatir lo que califican como el cruce “masivo” de indocumentados.
Ambos estados emitieron órdenes de emergencia y desplegaron soldados de la Guardia Nacional para asistir a la Patrulla Fronteriza.
El estado de Texas ha ido un paso más adelante y ha aprobado miles de millones de dólares para construir barreras en la frontera que dificulten el cruce de migrantes y estableció un programa que permite a oficiales del Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Texas arrestar a migrantes bajo cargos de traspaso.
Por su parte, Brandon Judd, presidente del Sindicato de la Patrulla Fronteriza, dijo en la misma conferencia que el flujo migratorio no parará mientras la Administración Biden siga “premiando” a las personas que cruzan la frontera de manera ilegal.
Aseguró que nadie, ni siquiera la Patrulla Fronteriza, está preparada en caso de que los rumores de que una nueva caravana de más de 60.000 migrantes se encuentran en camino a la frontera sean verdaderos.
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