La Opinión.
La administración del presidente Donald Trump volverá a aplicar una interpretación más estricta de la llamada prueba de “carga pública”, un criterio que permitirá al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) considerar si algunos inmigrantes utilizaron programas financiados con recursos públicos, como Medicaid, cupones de alimentos (SNAP) o asistencia para la vivienda, al momento de decidir si pueden obtener la Green Card.
CBS News reveló que la medida anunciada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) revierte una regulación implementada durante la administración de Joe Biden en 2022, la cual limitaba considerablemente los beneficios públicos que podían ser considerados dentro de la evaluación migratoria.
¿Qué cambia con la nueva regla del DHS?
Con la nueva norma, los funcionarios del USCIS recuperarán una mayor discrecionalidad para analizar cada caso de manera individual. Además del uso de determinados beneficios públicos, también podrán valorar factores como la edad, el estado de salud, la situación familiar, los recursos financieros, la educación y las habilidades laborales del solicitante.
