La Opinión.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dejará de reportar los fallecimientos de personas que hayan sido liberadas de su custodia, incluso si la muerte ocurre dentro de los 30 días posteriores a su salida de un centro de detención.
La medida revierte una política implementada durante la administración de Joe Biden, que obligaba a la agencia a revisar e informar sobre todas las muertes relacionadas con personas que habían estado bajo custodia federal, incluyendo aquellas ocurridas después de su liberación.
El cambio llega en un momento de creciente escrutinio sobre las condiciones en los centros de detención migratoria y el aumento de fallecimientos vinculados al sistema de detención federal.
DHS defiende la medida.
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explicó a ABC News que, bajo la nueva política, ICE ya no será responsable de monitorear ni investigar las muertes de personas una vez que hayan abandonado formalmente su custodia.
“Esto es de sentido común. El ICE no es responsable cuando una persona fallece semanas después de haber salido de su custodia”, señaló el funcionario.
Las autoridades sostienen que la agencia continuará reportando y revisando las muertes que ocurran mientras una persona permanezca detenida, y aseguran que el compromiso con la transparencia se mantiene vigente.
Crece el debate sobre las muertes en centros de detención
La modificación ocurre mientras legisladores, organizaciones civiles y defensores de inmigrantes cuestionan el número de fallecimientos registrados bajo custodia migratoria.
De acuerdo con datos citados por el mismo medio, 49 personas han muerto bajo custodia de ICE desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, una cifra que ha generado preocupación entre grupos de derechos humanos.
Además, un análisis realizado por la cadena estadounidense concluyó que los primeros 14 meses de la actual administración representan uno de los periodos con más muertes dentro del sistema federal de detención migratoria en años recientes, solo superado por 2020, cuando la pandemia de COVID-19 impactó fuertemente las instalaciones de detención.
La decisión de eliminar los reportes posteriores a la liberación podría intensificar el debate sobre la supervisión y la rendición de cuentas dentro del sistema migratorio, especialmente en momentos en que las políticas de detención y deportación continúan ocupando un lugar central en la agenda nacional.
