A solo dos días de su implementación, el Juez federal de San Antonio, Orlando Garcia, bloqueo temporalmente gran parte de la ley de ciudades anti santuario SB4 que facultaría a policías y alguaciles para cuestionar el estatus migratorio de cualquier persona en una detención o arresto.
Se trata de una victoria parcial para los indocumentados que radican en Texas y para aquellas ciudades y condados que pidieron al gobernador Greg Abbott que frenara la medida.
Por lo tanto el juez García decidió que esta ley que comenzaría el primero de septiembre no se implementara como se había establecido cuando el congreso estatal aprobó la medida el pasado mes de abril y fue firmada por Abbott en mayo.
“El tribunal federal concedió nuestra solicitud de impedir interrogatorio policial sobre el estatus migratorio, las detenciones obligatorias de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas, (ICE, por sus siglas en ingles) en las cárceles locales y restricciones a la libertad de expresión de los funcionarios locales”, dijo Martha Sanchez, activista de La Union El Pueblo Entero, (LUPE, por sus siglas en ingles), del Condado de Hidalgo.
Entre mayo y junio, varios funcionarios públicos demandaron al estado de Texas para detener la medida, entre ellos líderes de ciudades como El Cenizo, Dallas, Austin, San Antonio, El Paso y Houston; oficiales de los condados de Maverick, Travis y El Paso; y abogados de organizaciones como ACLU, MALDEF y LULAC.
En el Valle del Rio Grande los Condados de Cameron e Hidalgo emitieron una resolución en contra de la ley.
Los activistas pro inmigrantes festejaron el triunfo en las redes sociales agradeciendo el apoyo del Juez Garcia y anunciando eventos y marchas para seguir luchando.
Su implementación será frenada en su totalidad hasta que el juez decida si alguna sección de la ley viola los derechos de los texanos bajo la Constitución.
