El Segundo Tribunal Colegiado especializado en materia penal y de trabajo desechó el recurso de queja interpuesto por la Procuraduría General de la República (PGR) contra la suspensión, concedida por el juez Primero de Distrito en Tamaulipas, contra la extradición de Eugenio Hernández Flores, al considerarlo infundado.
Juan Jorge Olvera Reyes, quien encabeza el equipo de defensa del exgobernador de Tamaulipas, dijo que por unanimidad de votos se decidió que el recuso de queja de dependencia es infundado.
El pasado 30 de abril, la defensa promovió un juicio de amparo (788/2018) contra la decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores para conceder la extradición de Hernández Flores a los Estados Unidos para ser juzgado por el delito de asociación delictuosa para cometer lavado de dinero.
El 2 de mayo, el juez federal Fernando Ureña Moreno admitió a trámite el amparo, dejando suspendido el proceso de extradición, a lo que la PGR se inconformó y presentó un recurso de queja.
Olvera Reyes se dijo extrañado de que la PGR de manera sistemática, presente inconformidades ante los amparos que promueve, sin embargo hasta ahora ninguno ha prosperado.
La resolución del amparo podría tardar meses o años, sin embargo, el litigante aclaró que, en caso de que se llegue a conceder la extradición, la Corte texana sólo podrá juzgar al exgobernador por el delito de asociación delictuosa para cometer lavado de dinero como co-partícipe, no como autor material.
Desde el 6 de octubre del 2017, Eugenio Hernández Flores permanece recluido en el penal de Victoria, acusado de los delitos de peculado y lavado de dinero, teniendo pendiente la resolución del juicio de amparo 2042/2017 contra el auto de formal prisión.
La defensa ha promovido denuncias ante organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, alegando que los delitos que se le acusan no son graves y por tanto no debería estar en prisión, esperando que en los próximos 15 días también se emita una opinión al respecto.
“Consideramos que debe ser favorable, de que los delitos que se le imputan, tanto a nivel local como a nivel federal, por motivo de la extradición, no son delitos graves y por lo tanto, él no debe estar privado de su libertad”.