La corte ordenó al gobierno francés pagar 101.000 euros (115.000 dólares) en daños a un grupo de 11 activistas. El movimiento global por Boicot, Desinversión y Sanciones calificó el fallo de victoria importante para ellos.
Los activistas encabezados por el francés Jean-Michel Baldassi fueron condenados por incitación a la discriminación económica tras participar en una manifestación en 2009 frente a un hipermercado en la población de Ilzach y repartir panfletos a favor del boicot a los productos israelíes. La corte suprema francesa ratificó la condena.
Pero la corte europea sostuvo que la condena penal “carecía de fundamentos pertinentes suficientes” y violaba la libertad de expresión. La corte sesiona en la ciudad francesa de Estrasburgo y sus fallos son vinculantes para los firmantes de la Convención Europea de Derechos Humanos, Francia entre ellos.
“Este fallo judicial histórico es una victoria decisiva para la libertad de expresión, los defensores de los derechos humanos y para el movimiento BDS por la libertad, justicia e igualdad para Palestina”, dijo Rita Ahmad, del movimiento BDS, en un comunicado.
Los activistas de BDS dicen que otros gobiernos han utilizado las leyes antidiscriminación para atacarlos injustamente a medida que crece la popularidad global del movimiento. Éste exhorta a boicotear, desinvertir y sancionar negocios, universidades e instituciones culturales israelíes. Sus partidarios dicen que emplea medidas no violentas.
Israel dice que el movimiento oculta sus objetivos de deslegitimar o destruir el estado judío. Pide a Europa medidas más enérgicas contra las actividades del BDS, al que atribuye los ataques antisemitas recientes en Europa occidental. El año pasado, el legislativo alemán aprobó una resolución que califica los métodos del movimiento de antisemitas y que evocan las consignas de la era nazi de boicotear a los judíos.
En el caso francés, la corte de derechos humanos sostuvo que las acciones del movimiento son una forma de expresión política y tema de interés público. Observó que la carta de derechos humanos admite esas expresiones mientras no constituyan “incitaciones a la violencia, el odio o la intolerancia”.
El gobierno francés, que tiene plazo de tres meses para apelar el fallo, no hizo declaraciones el jueves.
Amnistía Internacional expresó la esperanza de que el fallo “envíe un mensaje claro a todos los estados europeos de que deben dejar de perseguir a los activistas pacíficos”.
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