Una corte de Canadá invalidó el miércoles el Acuerdo de Tercer País Seguro con Estados Unidos, al fallar que varios elementos de esa ley violan las garantías constitucionales canadienses a la vida, la libertad y la seguridad.
Sin embargo, la jueza federal Ann Marie McDonald postergó seis meses la ejecución de su fallo a fin de dar tiempo al Parlamento canadiense para que emita una respuesta.
“Concluyo que las cláusulas que promulgan el (acuerdo de tercer país seguro) violan las garantías establecidas en la sección 7 de la Carta”, escribió McDonald en su fallo, refiriéndose a la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, que pertenece a la Constitución. “También he llegado a la conclusión de que dicha violación no se justifica en la sección 1 de la Carta”.
Según el acuerdo, los inmigrantes que quieran solicitar asilo en Canadá y se presenten en los puertos terrestres de ingreso desde Estados Unidos son devueltos a ese país y se les indica que pidan asilo allí.
Pero si solicitan asilo en territorio canadiense, en cualquier parte que no sea un puerto oficial de entrada, se permite que el proceso continúe. En la mayoría de los casos, los refugiados quedan en libertad y se les permite vivir en Canadá, aprovechando las generosas prestaciones sociales de ese país en lo que se resuelven sus solicitudes de asilo, un proceso que puede llevarse años.
A finales del año pasado, Amnistía Internacional, el Consejo Canadiense para los Refugiados y el Consejo Canadiense de Iglesias incoaron una demanda, argumentando que el gobierno canadiense no cuenta con ninguna garantía de que aquellas personas que son enviadas de regreso a Estados Unidos se encuentren a salvo debido al trato que el gobierno del presidente Donald Trump da a los inmigrantes.
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