La Opoinión.
Dos organizaciones civiles de impacto nacional que trabajan con estudiantes con discapacidad alertaron sobre los efectos negativos de cerrar el Departamento de Educación, sobre todo ante la posibilidad de que los programas para esos estudiantes dejen de operar en forma efectiva.
“La preocupación principal es que si no hay bastante personal en el Departamento de Educación federal vamos a tener problemas en cómo van a distribuir los fondos, porque las escuelas públicas dependen mucho de los fondos federales, así que si no hay nadie para distribuir los fondos, ¿cómo van a llegar los fondos a cada estado?”, expuso Lisa Mosco Barros, fundadora y asesora de SpEducational, que opera en California.
La promotora en la educación para las personas con discapacidad reconoció que la desaparición del Departamento de Educación era un plan marcado en el Proyecto 2025, pero preocupa que la orden ejecutiva firmada el 20 de marzo pasado por el presidente Donald Trump no tenga un plan claro.
Keri Rodrigues, fundadora y presidenta de National Parents Union, consideró que la intención del presidente Trump y la secretaria de Educación, Linda McMahon, de trasladar algunos programas a otros departamentos resulta poco alentador, ante la falta de claridad.
“Una de las cosas que decía el Gobierno federal, tratando de justificar la reducción de este departamento, es que algunos de los programas más importantes, incluyendo los programas que ayudan a niños con discapacidad, se asignarán a diferentes departamentos, como si, por supuesto, no tuvieran claro cuál es el plan”, lamentó Rodrigues. “No hay una forma real de comprender estas modificaciones”.
La experta expuso un escenario que calificó como “extremo”, al señalar que habría afectaciones en la vida cotidiana de los estudiantes que dependen de apoyos bajo la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA, en inglés).
“Pensemos en un escenario extremo. Hay otro departamento. Lo complicado no es solo traerlo, porque no es lo que estos niños enfrentan en su vida diaria, sino también la educación que necesitan recibir de forma diferente”, dijo. “Si decidimos que, en lugar de que el Departamento de Educación de EE.UU. aplique la ley, la implementemos sea bajo el auspicio del Departamento de Salud y Servicios Humanos, tenemos compañías de seguros y legisladores que cancelan el acceso a la anestesia durante una cirugía ¿De verdad creen que quienes toman esas decisiones tan drásticas sobre el costo van a autorizar que los niños reciban intervenciones de lectura? ¿Cuántos obstáculos tendrán que superar?”.
El impacto a varios tipos de ayudas.
Rodrigues indicó que el Departamento de Educación hace evaluaciones sobre cómo implementar las ayudas por cada población, priorizando aquellas con alta necesidad.
“El Departamento de Educación brinda fondos a cada estado para apoyar a los estudiantes que son aprende inglés, a los estudiantes de que son de muy bajo recursos y también a los estudiantes con discapacidades, así que eliminar ese departamento –o disminuir de cualquiera manera ese departamento– va a tener un impacto tremendo en la educación pública”, advirtió.
La experta consideró que la secretaria McMahon “ni siquiera entiende” la ley IDEA, incluso citó que estuvo la semana pasada en la Conferencia de Desarrollo de Estudiantes de ASU (GSD), considerada la gran conferencia de tecnología educativa, “pero en lugar de hablar de Inteligencia Artificial habló de la persona responsable de preparar a nuestros hijos para los trabajos y la economía del futuro”, dijo Rodrigues.
“Todo esto es increíblemente estresante. Genera ansiedad. Y, en realidad, lo que está en juego son las vidas de nuestros hijos”, lamentó.
Agregó que la actual administración haría llevar las acciones educativas para niños con discapacidad, a un departamento cuyo secretario, Robert F. Kennedy Jr. “ni siquiera cree en la existencia del autismo y cuestiona profundamente muchos de los diagnósticos que enfrentan los niños con necesidades especiales”.
¿Hay demandas o coaliciones?
Mosco Barros y Rodrigues reconocieron que hay retos por delante, incluidos los desafíos legales, pero al menos la primera lamentó que no haya habido un acercamiento de la Administración Trump con los expertos que lideran la educación para niños con discapacidad.
¿Ha habido algún tipo de acercamiento por parte de las autoridades federales para platicar con ustedes, que escuchan sus preocupaciones y que entiendan hacia dónde sería mejor avanzar como parte de los programas?, se le preguntó.
“Desafortunadamente no, nadie me ha contado contactado a mí y también hablando con otros defensores, no he escuchado nada”, lamentó Mosco Barros.
Rodrigues dijo que hay demandas en proceso para detener algunas acciones de la Administración Trump, pero también ha habido recaudación de fondos y coordinación con otras organizaciones.
“Hemos estado reclutando padres de niños con necesidades especiales, padres de escuelas con Título I y padres de niños que aprenden inglés, para que demanden al gobierno federal”, dijo.
Las expertas sugirieron a los padres cuyos hijos reciben apoyos de programas federales en educación, incluida la educación bilingüe, se sumen a la presión para mantener el Departamento de Educación.
“Pueden contactar a la Unión Nacional de Padres; nos pondremos en contacto con ustedes y nos aseguraremos de que puedan luchar mediante una estrategia legislativa y litigiosa para garantizar que su hijo reciba justicia en los tribunales”, dijo Rodrigues.
Mosco Barros agregó que los padres también pueden presionar a sus congresistas estatales y federales, a fin de evitar que el Congreso federal apruebe el cierre del Departamento de Educación o se cancelen programas esenciales.
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