Chiapas es un Estado fallido donde el gobierno está coludido con la delincuencia, acusa la diócesis de San Cristóbal.



Latin Us.

La diócesis de San Cristóbal de las Casas aseguró este sábado que Chiapas está desgarrado por los delitos que comete el crimen organizado contra la población y señaló la violencia e inseguridad extremas que padece el estado desde hace meses algunas regiones del sur.

La ausencia de respuesta a las denuncias por la represión y la presencia violenta de grupos criminales “demuestra un Estado fallido y rebasado y/o coludido con los grupos delincuenciales, desde los fiscales municipales y regionales, presidentes municipales, el gobierno del estado y federal”, acusaron los obispos Rodrigo Aguilar Martínez y Luis Manuel López Alfaro, de la diócesis de San Cristóbal, Chiapas.

En una carta titulada “Chiapas Desgarrado por el Crimen Organizado”, publicada este sábado y dirigida a las autoridades, los obispos afirman que en la entidad los grupos criminales se han apoderado del territorio y que la población se encuentra en “un estado de sitio, bajo psicosis social con narco bloqueos que usan como barrera humana a la sociedad civil, obligándolos a estar y a poner en riesgo su vida y la de su familia”.

Los representantes católicos advirtieron que la situación actual que viven los chiapanecos se debe a la “omisión del estado frente a esta realidad, mantiene a los pueblos en la incertidumbre total”, por lo que responsabilizó a los tres niveles de gobierno de esta situación.

Relataron que tanto las comunidades y los pueblos son víctimas de diversos delitos como asesinatos, secuestros, desapariciones, amenazas, hostigamiento, sufren de despojo y persecución por los bienes naturales.

Ahora se suma el “desabasto de alimentos, granos básicos, medicamentos y la falta de atención médica”, detalla la misiva

Ante ello, los sacerdotes convocaron a la comunidad internacional a visibilizar la situación de violencia en Chiapas y pide a las autoridades respondan brindando seguridad al pueblo.

La diócesis exigió la atención urgente a eliminar la violencia e inseguridad, a responder a las denuncias de la sociedad civil así como aprehender a los líderes delincuenciales y restablecer el orden social.

“Nuestros pueblos no son campo de batalla”, dice la carta.

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