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La diócesis de San Cristóbal de las Casas aseguró este sábado que Chiapas está desgarrado por los delitos que comete el crimen organizado contra la población y señaló la violencia e inseguridad extremas que padece el estado desde hace meses algunas regiones del sur.
La ausencia de respuesta a las denuncias por la represión y la presencia violenta de grupos criminales “demuestra un Estado fallido y rebasado y/o coludido con los grupos delincuenciales, desde los fiscales municipales y regionales, presidentes municipales, el gobierno del estado y federal”, acusaron los obispos Rodrigo Aguilar Martínez y Luis Manuel López Alfaro, de la diócesis de San Cristóbal, Chiapas.
En una carta titulada “Chiapas Desgarrado por el Crimen Organizado”, publicada este sábado y dirigida a las autoridades, los obispos afirman que en la entidad los grupos criminales se han apoderado del territorio y que la población se encuentra en “un estado de sitio, bajo psicosis social con narco bloqueos que usan como barrera humana a la sociedad civil, obligándolos a estar y a poner en riesgo su vida y la de su familia”.
Los representantes católicos advirtieron que la situación actual que viven los chiapanecos se debe a la “omisión del estado frente a esta realidad, mantiene a los pueblos en la incertidumbre total”, por lo que responsabilizó a los tres niveles de gobierno de esta situación.
Relataron que tanto las comunidades y los pueblos son víctimas de diversos delitos como asesinatos, secuestros, desapariciones, amenazas, hostigamiento, sufren de despojo y persecución por los bienes naturales.
Ahora se suma el “desabasto de alimentos, granos básicos, medicamentos y la falta de atención médica”, detalla la misiva.
Ante ello, los sacerdotes convocaron a la comunidad internacional a visibilizar la situación de violencia en Chiapas y pide a las autoridades respondan brindando seguridad al pueblo.
La diócesis exigió la atención urgente a eliminar la violencia e inseguridad, a responder a las denuncias de la sociedad civil así como aprehender a los líderes delincuenciales y restablecer el orden social.
“Nuestros pueblos no son campo de batalla”, dice la carta.
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