Catorce hombres caminan en cuclillas en una calle bajo el sol. Son seguidos por una patrulla policial. Van en dos filas muy juntos y vocean “No puedo salir de casa”. Unos pocos llevan tapabocas. La escena remite a los duros tiempos del gomecismo en la Venezuela aún rural de principios del siglo XX, la dictadura militar de Juan Vicente Gómez, que dirigió el país durante 27 años. Pero se trata de los castigos que se están aplicando a quienes violan la restricción de salir durante la cuarentena. No es una anécdota aislada. Se ha repetido con frecuencia en Barquisimeto, en el occidente, pero también se ha visto en las ciudades de Charallave, Río Chico y La Guaira, en el centro del país, con variantes en las consignas o en los ejercicios.
En medio de apagones y escasez de gasolina, la supervivencia diaria en las regiones del interior de Venezuela se hace mucho más compleja en medio de la cuarentena obligatoria ordenada por Nicolás Maduro y el control social que han ejercido políticos locales. Las autoridades del Estado de Lara dictaron el pasado día 17 un decreto que supone graves violaciones a los derechos humanos y su derogación se ha convertido en objetivo de los activistas. Aunque los humillantes castigos que se han visto no están recogidos en la norma, a partir de su vigencia empezaron a reportarse este tipo de vejaciones.
En el Estado de Lara se prohibió la circulación de personas entre las dos de la tarde y las siete de la mañana, medida acompañada de un intenso patrullaje. “A quienes han agarrado en la calle les han aplicado estos castigos físicos bajo una pedagogía propia de los cuarteles”, dice Nelson Freitas, coordinador de la Red de Derechos Humanos de ese Estado.
Aunque el Gobierno ha asegurado que gracias al estricto cumplimiento de la cuarentena se ha logrado mantener bajos los números de contagios de coronavirus —320 infectados y 10 fallecidos—, la vida cotidiana no se ha detenido del todo, especialmente en los sectores populares. La gente sigue saliendo y mucho más en las últimas semanas. “El confinamiento en condiciones de insatisfacción de necesidades básicas es inviable. La gente en Venezuela no necesita salir solo para comprar alimentos, sino también para buscar agua o leña, porque los servicios no funcionan”, continúa Freitas.
En el decreto dictado por la gobernadora, la almirante Carmen Meléndez, se establecen sanciones pecuniarias como las aplicadas en otros países, pero con algunas diferencias que son aún más violatorias. El texto señala, por ejemplo, que las personas pueden permanecer detenidas hasta que paguen las multas y no exceptúa a los periodistas y trabajadores farmacéuticos, considerados esenciales durante la pandemia, de las restricciones de circulación.
En Caracas, la presencia policial y militar y el bloqueo de autopistas con contenedores han intentado frenar la movilidad de las personas. En Catia intentaron restringir las salidas con un pase de movilidad que entregaron por familia, pero la medida ha sido inaplicable. “La gente los sobrepasa, hay mucha desesperación y sale muchísima gente a comprar comida”, dice Gabriela Buada, activista de derechos humanos que está haciendo un monitoreo en los barrios de Catia, San Martín y Petare.
La semana pasada las ONG Acceso a la Justicia y Provea alertaron sobre el agravamiento de la situación de los derechos humanos en Venezuela a partir de la declaración del estado de alarma por el régimen de Maduro el 13 de marzo. “El decreto que estableció esta modalidad de estado de excepción tiene graves vacíos, uno de ellos respecto de las actividades laborales sujetas a suspensión”, señalan en un comunicado. “Esta omisión ha generado un caos normativo en el que alcaldes, gobernadores e incluso autoridades militares han emitido toda suerte de decretos, normas y regulaciones, incluidas sanciones, en violación del principio de legalidad, dentro de las que podemos encontrar privaciones a la libertad personal sin debido proceso y sin control por parte de autoridad judicial alguna”, agregan.
Venezuela atraviesa su séptima semana en un confinamiento que ha sido mucho más costoso para un país en el que más del 60% de la población vive al día, y aquejado además de una escasez de combustible que ha limitado mucho más la movilidad y la crisis de servicios. El descontento ha generado, solo en marzo, 580 protestas, según el Observatorio de Conflictividad Social, y en las últimas semanas saqueos.
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