Los abogados de la administración Trump han pedido a un tribunal una orden de emergencia que permita a los funcionarios bloquear el aborto de un inmigrante indocumentada embarazada de 17 años que se encuentra en custodia federal en la ciudad de Brownsville.
La mujer, conocida en la corte como Jane Doe, ha estado recluida en un centro de detención de inmigrantes desde que fue detenida después de cruzar la frontera en septiembre.
Poco después de su detención, un examen médico descubrió que estaba embarazada y comenzó a buscar un aborto.
A pesar de que obtuvo la aprobación de un juez estatal para que se realice el procedimiento, un requisito en Texas para menores que exige no aborte un menor sin el permiso de un padre, los funcionarios federales se han negado a permitirle abandonar el centro de detención para ir a una clínica.
Doe ganó en la corte la semana pasada cuando un juez de Distrito Federal ordenó al gobierno que le permitiera obtener un aborto antes del sábado.
Pero en pocas horas el general Jeff Sessions, le pidió al tribunal de apelaciones que pusiera esa orden en espera, diciendo que aún podía esperar “varias semanas” para terminar su embarazo.
El tribunal de apelaciones, en su orden el jueves, se mantuvo en la orden de la corte diciendo que los funcionarios federales deben permitirle a Doe ir a la sesión de consejería pre aborto que Texas exige a los menores.
Pero el tribunal postergó la fecha límite del sábado para el aborto, hasta que los jueces puedan considerar el caso.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas, que tiene la custodia de menores no acompañados aprehendidos al cruzar la frontera, tiene la política de no tomar ninguna medida que “facilite” un aborto, dijeron los abogados del gobierno a los jueces en su moción.
La joven podría obtener un aborto regresando a su país de origen, dijeron los abogados del Departamento de Justicia.
Incluso si debe elegir entre dejar Estados Unidos y la posibilidad de buscar un aborto, forzar esa elección no violaría sus derechos “porque la Sra. Doe, como extranjera indocumentada, no tiene derecho legítimo a permanecer en los Estados Unidos, ” expresaron.
Exigirle al gobierno que le permita ir a una clínica para un aborto podría “incentivar la inmigración ilegal de menores embarazadas”, argumentaron.
Los abogados de la ACLU, que han representado a Doe en la corte, calificaron el movimiento del gobierno como “impactante”.
“Todos deberíamos estar horrorizados de que el gobierno federal esté haciendo todo lo posible para evitar que una mujer joven aborte”, dijo Brigitte Amiri, abogada del Proyecto de Libertad Reproductiva del ACLU.
Y agrego que ”nadie debe demorarse semanas recibiendo la atención que necesitan”.
