Expertos en transparencia, anticorrupción y sistemas de salud alertaron que las acciones que ha llevado a cabo el Gobierno para atender la contingencia por Covid-19 están en riesgo de caer en graves prácticas de corrupción.
Max Kaiser, Presidente de la Comisión Anticorrupción de la Coparmex, afirmó que no se puede recurrir al ocultamiento de información en la mayor crisis que vive el País, porque ello impide a los mexicanos exigir cuentas claras al Gobierno.
“Se está utilizando la emergencia para acabar de normalizar el uso de las excepciones como si fueran la regla general.
“En franca violación al artículo 134 de la Constitución, el Gobierno actual ha asignado más del 80 por ciento de los contratos vía adjudicación directa y simulando procesos de invitación a cuando menos tres proveedores. Esto genera enormes y permanentes riesgos de corrupción, que pueden extenderse a todas las ·reas del Gobierno”, aseguró en el foro organizado por diputados del PAN llamado “Derecho a la Información en México frente a Covid-19”.
Kaiser narró que hay una regresión en materia de rendición de cuentas, pues el Gobierno vuelve a ser una caja oscura que informa lo que quiere, cuando quiere y sin soporte documental de nada de lo que dice.
Un ejemplo de ello es la recurrencia del Presidente a decir que tiene otros datos, desmintiendo a sus propios colaboradores e información de su Gobierno, sentenció.
Maria Amparo Casar, presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción, manifestó que en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador también hay una regresión en materia de transparencia y rendición de cuentas, pese a que el combate a la corrupción fue una bandera de campaña.
Dijo que el Presidente ha abusado del discurso contra la Corrupción, porque su administración está llena de acciones que también pueden ser parte de esa práctica que condena, como las omisiones, opacidad, acciones ajenas a la legalidad, ineptitud y discrecionalidad.
Las compras tardías de insumos, las adjudicaciones directas, compras más costosas, la discrecionalidad para tomar decisiones son parte de las fallas en la atención de la pandemia, aseveró.
“La opacidad en los tiempos del Covid-19 muestra como no está el Gobierno comprometido con la lucha anticorrupción, hay omisiones para darnos información, para que los ciudadanos puedan contribuir en el freno de la pandemia”, agregó.
Mencionó que una muestra más de la falta de transparencia y rendición de cuentas de la administración de López Obrador es su afirmación de que contaba con 622 mil millones de pesos para enfrentar la crisis.
Indicó que hasta la fecha no queda claro si ese dinero es parte de ahorros o dónde provienen de readecuaciones o si se considera una línea de crédito.
Edna Jaime, directora de México Evalúa, alertó que la emergencia no está peleada con la rendición de cuentas.
Urgió a que se resuelva la excesiva discrecionalidad del Gobierno o del Presidente en el manejo presupuestal, y se respeten facultades de la Cámara de Diputados.
Explicó que parte del problema del sector salud que se vive ahora son los continuos recortes que ha sufrido en los últimos años, tanto en el Gobierno de Peña Nieto como el primer año de López Obrador.
Citó que en salud hubo subejercicios en inversión de infraestructura y materiales por 11 mil 510 millones de pesos en 2019.
“En salud hay una baja en la inversión y además no se ejerce el Presupuesto, ese es el problema y cómo lo resolvemos”, mencionó sobre las condiciones en que llegó el sector salud para enfrentar la pandemia.
Sofía Chavel, académica del ITAM, expuso que la actual administración heredó un sistema de salud lleno de corrupción, en el que se desapareció la rendición de cuentas y en el que no se invirtió en la vigilancia epidemiológica.
Sin embargo, dijo, con el nuevo Gobierno tampoco hubo inversión en salud en los primeros meses y hubo un cambio en las adquisiciones, que llevaron al desabasto y al desorden, el cual aumentó con la desaparición del Seguro Popular y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar.
Consideró que para enfrentar la epidemia ha habido una completa desarticulación, debido en parte a que no se sumó a tiempo al Consejo de Salubridad General.
Ejemplo de tal desorden es que Hacienda quiso hacer las compras con China, luego intervino Insabi y las terminó gestionando la Cancillería, añadió.
Fabiola Navarro, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló en el foro que la comunicación del Gobierno Federal ha generado incertidumbre y no confianza.
“‘Hoy tenemos que atender la crisis, no rendir cuentas’ parecerÌa decir el Gobierno. Pero es exactamente al revés. En tiempos de emergencia es más importante que nunca la rendición de cuentas”.
“Es tan evidente esta regresión que el propio Presidente utiliza como broma la frase: ‘Yo tengo otros datos’. No sólo contradice diariamente a medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil que evidencian la falta de información o denuncian mentiras del Gobierno, sino que incluso contradice a sus propios secretarios, funcionarios de alto nivel y publicaciones que vienen del propio Gobierno”, apuntó.
Destaco tres temas que hacen evidente el riesgo que corremos los ciudadanos si renunciamos a nuestro derecho a la información y a la rendición de cuentas:
1. Primero, por supuesto, está en peligro nuestra vida y nuestra salud, si permitimos que el Gobierno esconda la información sobre la emergencia sanitaria, sobre el n?mero de enfermos y muertos, sobre las medidas de prevención y sobre el acceso a las instituciones de salud.
2. Segundo, la destrucción de las finanzas públicas. El Presupuesto que se ejerce hoy es una auténtica Ficción Fiscal, toda vez que fue calculado y diseñado con base en elementos que hoy son un sueño lejano. Si permitimos que el Gobierno esconda la afectación que han tenido las fuentes de ingreso, los boquetes de recaudación que se han generado, las reasignaciones y recortes que ha tenido que hacer, y las medidas que tomará, corremos el riesgo de permitir que se destruya el sistema de finanzas públicas en México, que puede costar años reconstruir.
3. Tercero, el abuso y la corrupción en las contrataciones públicas.
“Cuando la vida de la ciudadanía está en peligro, la economía está en riesgo y los recursos públicos son más escasos que nunca, se vuelve un asunto de sobrevivencia de nuestra democracia exigir cuentas claras, completas y veraces”, indicó Navarro.
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