La administración de Donald Trump no muestra indicios de dar marcha atrás a la separación de familias, el encierro de niños no acompañados, la denegación de asilo o el enjuiciamiento de personas que crucen ilegalmente la frontera, lo que motivó este jueves a miles de manifestantes a lanzarse a las calles en todo el país para exigir un freno a estas políticas.
La jornada de protestas, marchas y vigilias en cerca de 60 ciudades, organizada por grupos como “Families Belong Together”, reúne tanto a activistas de grupos cívicos, religiosos, estudiantiles y sindicalistas, como a las propias familias afectadas.
Las protestas dan seguimiento a otra del pasado 1 de junio en la que, con furia en la garganta, los activistas de esa coalición también marcharon para denunciar la separación de familias como una práctica que viola tanto las leyes de Estados Unidos, como el derecho internacional.
Anna Tarkov, coordinadora nacional de “Families Belong Together” dijo a este diario que el propósito es exigir “un alto inmediato a la separación de familias, sin importar su estatus”, porque está en juego la salud de los niños y sus familias, “la credibilidad de la nación, y nuestra propia alma”.
“Esto contraviene nuestros valores, no hay ley que lo exija, y debe cesar pero ya. Con estas protestas mostramos que estamos organizados, y no pararemos hasta que cesen estas políticas salvajes”, afirmó.
La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, defendió hoy nuevamente la separación de familias en el nombre de hacer cumplir las leyes, al indicar que eso es “producto de las lagunas legales que los demócratas se niegan a eliminar”, y en esta ocasión usó incluso referencias bíblicas.
“Es una política moral obedecer y hacer cumplir las leyes… los demócratas se han negado a sentarse a la mesa, se han negado a ayudar al presidente a cerrar estos resquicios y corregir este problema”, subrayó Sanders.
Pero la separación de niños de sus padres -con la posibilidad de instalar “ciudades de carpa” en bases militares-, como elemento disuasorio contra la inmigración ilegal, ha generado la mayor indignación entre la Iglesia Católica y otras comunidades de fe, grupos progresistas y defensores de los derechos de los inmigrantes, organizaciones médicas y de pediatría, así como organismos internacionales.
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