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Mientras el gobierno de Estados Unidos se preparaba para implementar revisiones expeditas de asilo en los centros de detención de la Patrulla Fronteriza hace unos meses, las autoridades prometían una diferencia clave con respecto a la versión de la política de la presidencia de Donald Trump: a los migrantes se les garantizaría el acceso a un abogado.
Sin embargo, casi tres meses y miles de revisiones después, la promesa de acceso a los abogados parece incumplida en gran medida, según informes de grupos activistas y entrevistas con personas involucradas directamente, algunas de las cuales hablaron con The Associated Press a condición de guardar el anonimato porque no estaban autorizadas a declarar públicamente sobre el asunto.
Un grupo de abogados calcula que tal vez unos 100 migrantes han obtenido representación formal, y sólo cientos más han recibido asesoramiento informal a través de una única llamada telefónica previa a los controles expeditos.
Jones Day, uno de los despachos de abogados más grandes del mundo, se ha asociado con el gobierno estadounidense para ofrecer asesoramiento jurídico gratuito a los migrantes. Según una de las personas que habló con AP bajo condición de anonimato, su registro telefónico atendió 460 consultas informales, cada una de las cuales duró unas dos horas, hasta el 21 de junio. Jones Day sólo tuvo dos clientes formales, agregó.
Otros cuatro grupos activistas que ofrecen asesoramiento gratuito y cuyos nombres figuran en el sitio web del sistema judicial de migración han atendido muchas menos consultas telefónicas, en parte porque empezaron mucho más tarde, dijo la persona. Los representantes de esos cuatro grupos declinaron hacer comentarios o no respondieron a las solicitudes de AP.
Eso representa una pequeña fracción de las miles de revisiones expeditas que se han llevado a cabo desde abril, aunque no se pudo determinar un porcentaje exacto. Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, cuyos agentes de asilo están encargados de llevar a cabo las entrevistas, no respondieron a preguntas sobre la representación jurídica.
El objetivo de las autoridades federales es completar las revisiones en 72 horas, el tiempo límite para mantener a alguien detenido, según la política de la Patrulla Fronteriza. El Departamento de Seguridad Nacional señaló que con el plazo acelerado se pretende “proporcionar asistencia más rápido a quienes son elegibles y deportar más rápidamente a los que no lo son”.
Durante las revisiones, conocidas como “entrevistas de miedo creíble”, los migrantes deben convencer a un funcionario de asilo de que tienen una “posibilidad significativa” de convencer a un juez de que sufren de persecución en sus países de origen por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social. Si las aprueban, suelen ser puestos en libertad dentro de territorio estadounidense mientras su caso avanza por el sistema.
El porcentaje de personas que superaron los controles de asilo descendió a 52% durante la segunda quincena de mayo, a medida que el proceso agilizado se encarrilaba, en comparación con un 77% en la segunda quincena de marzo, justo antes de que se iniciara con su implementación.
Las cifras del gobierno no explican ni especifican cuántas revisiones expeditas se llevaron a cabo bajo custodia de la Patrulla Fronteriza sin acceso a asistencia jurídica. Funcionarios del gobierno han atribuido en parte el descenso en las tasas de aprobación a una nueva política que restringe severamente otorgar asilo a las personas que viajan a través de otro país, como México, para llegar a la frontera estadounidense.
Una demanda presentada el mes pasado ante un tribunal federal de Washington pretende poner fin a las revisiones de personas que están bajo custodia de la Patrulla Fronteriza, haciendo notar que los solicitantes tienen tan sólo 24 horas para encontrar abogados luego de llevar a cabo un viaje que suele ser angustioso. La denuncia sostiene que “esto deja prácticamente sin tiempo o capacidad a los no ciudadanos para consultar con alguien o prepararse satisfactoriamente para estas entrevistas”.
Incluso los migrantes que son aprobados en las entrevistas se muestran reacios a hablar de sus experiencias mientras continúan con sus solicitudes de asilo. El senador demócrata Alex Padilla dijo en un comunicado que los informes sobre la falta de acceso a abogados en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza son “preocupantes y decepcionantes.”
El gobierno estadounidense se niega a detallar cuántas revisiones ha efectuado en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza, las cuales prohíben la visita presencial de abogados, aunque es muy probable que ronde los miles.
El Departamento de Seguridad Nacional dijo el 5 de junio que los funcionarios de asilo hicieron más de 11 mil 500 revisiones en la frontera en las primeras tres semanas después de que las restricciones de asilo relacionadas con la pandemia de la Covid-19 llegaron a su fin, aunque algunas de ellas pudieron haberse llevado a cabo en centros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, las cuales sí permiten las visitas de abogados.
Por lo general, aproximadamente tres de cada cuatro migrantes aprueban las entrevistas de miedo creíble, aunque son muchos menos a los que finalmente se les concede el asilo. Pero los resultados prácticamente se invirtieron durante los cinco meses del programa de revisiones aceleradas de la presidencia de Trump: sólo el 23% aprobó, mientras que el 69% fracasó y el 9% retiró su solicitud, según la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos.
Biden puso fin a las revisiones rápidas de Trump menos de un mes después de llegar a la Casa Blanca, parte de una orden ejecutiva destinada a “restablecer y mejorar el procesamiento de (las solicitudes de) asilo en la frontera”.
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