Además, solicitan al organismo internacional que se instruya al gobierno mexicano para que cierre las fronteras, incluida la que se tiene con Estados Unidos de América, y se evite el ingreso al territorio de ciudadanos extranjeros por vía aérea, marítima y terrestre.
Además, urgen a las autoridades locales a realizar más pruebas rápidas para detectar el virus SARS CoV-2.
Para solicitar la intervención inmediata de la CIDH, en un documento de 82 páginas, los peticionarios argumentan acciones erráticas y omisiones del gobierno mexicano, en particular del presidente Andrés Manuel López Obrador, por minimizar los riesgos de la epidemia, lo que consideran “una situación de gravedad y urgencia” que podría provocar daños irreparables a la salud e integridad de las personas.
El escrito presentado ante la sede de la CIDH en Washington, que se encuentra en estudio para su admisión o rechazo, agrega que las omisiones de las autoridades mexicanas afectan y transgreden los derechos a la vida, a la salud y al trabajo de su población, por lo que demandan a ese organismo declarar un estado de emergencia en México, con base en los artículos 29 de la Constitución Mexicana y 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Ambas declaratorias buscan que se restrinjan derechos y garantías fundamentales, como los derechos de reunión y tránsito, con el propósito de que se establezca una cuarentena obligatoria para toda la población, con el argumento de que el aislamiento social voluntario no ha funcionado.
“Si bien se estableció la cuarentena como política de contención, consistente en el aislamiento y la suspensión de actividades no esenciales, ésta no es obligatoria, por lo que no es efectiva, ya que la misma no ha sido acatada por la población en su gran mayoría, sobre todo en razón de que las personas que por necesidad y falta de apoyo gubernamental salen a trabajar y aquellas que se encuentran en la economía informal, ven incrementado su riesgo de contagio y de ser portadores del virus, constituyéndose en un foco de contagio”, sostiene la petición de los abogados de la Universidad Anáhuac.
En otro punto, los peticionarios solicitan a la CIDH que ordene al gobierno de México la “clausura de puertos aéreos y marítimos, así como de fronteras terrestres para extranjeros”, exceptuando a cónyuges y a quienes tienen relación de parentesco en primer grado con residentes extranjeros en nuestro país.
Además, que el gobierno federal establezca un protocolo de sanitización para cualquier aeronave, embarcación, automóvil o camión de carácter comercial cuando ingrese a territorio nacional.
También que se ponga en aislamiento a todas las “personas procedentes de Estados Unidos de América y cualquier otro país altamente infectado”.
De acuerdo con el documento, la medida busca evitar la propagación del virus y el contagio a la población en riesgo, así como beneficiar al personal de salud para que no enfrente sobrecargas de trabajo.
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