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El equipo legal de John Allen Rubio presentó una moción el miércoles ante el Tribunal de Apelaciones Penales de Texas, solicitando la suspensión de su ejecución —programada para el 12 de noviembre de 2026— mientras el tribunal examina un nuevo recurso judicial, según consta en los registros del tribunal.
Rubio y su pareja, Angela Camacho, fueron condenados por las muertes, ocurridas en 2003, de Julissa, de 3 años; John, de 1 año; y Mary Jane, de 2 meses. Camacho cumple actualmente una pena de cadena perpetua.
Según los investigadores, Rubio y Camacho mataron a los niños porque no podían mantenerlos económicamente. Desde su detención en 2003, Rubio ha sostenido que sus hijos estaban poseídos por demonios.
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El documento presentado señala que la fiscalía utilizó un testimonio falso del Dr. Michael Welner durante el nuevo juicio de Rubio en 2010, sin realizar ninguna corrección al respecto. Según el escrito, Welner afirmó ante el jurado que Rubio no estaba tomando medicación antipsicótica y que no presentaba signos de psicosis antes del juicio.
Los abogados de Rubio sostienen que los registros penitenciarios demuestran que él tomó medicación antipsicótica durante años y que, aun así, continuó manifestando síntomas psicóticos graves. Afirman que la fiscalía disponía de dichos registros y se los entregó a Welner.
El documento indica que el Estado empleó el testimonio de Welner para refutar la defensa de inimputabilidad (alegato de demencia) de Rubio y, posteriormente, para oponerse a la consideración de factores atenuantes durante la imposición de la pena. La defensa ha solicitado al tribunal que conceda una medida reparadora o que remita el caso al tribunal de primera instancia para la celebración de una audiencia.
«Existe una probabilidad razonable de que al menos un miembro del jurado hubiera votado de manera distinta si el Estado hubiera corregido a su testigo principal —lo cual habría puesto de relieve la autenticidad de los síntomas de Rubio y el efecto de su medicación—», señala el escrito.
El fiscal de distrito del condado de Cameron, Luis V. Saenz, declaró que su oficina está al tanto de la apelación.
En un comunicado, Saenz calificó el recurso como «otro intento legal cobarde, de última hora, por parte de Rubio para evitar rendir cuentas por su atroz conducta delictiva. Combatiremos y nos opondremos enérgicamente a su moción y, como ha ocurrido en el pasado, prevaleceremos». El juez Noe Gonzalez determinó que Rubio estaba en condiciones de ser ejecutado, durante una audiencia celebrada el 7 de octubre de 2026, después de que dos expertos lo evaluaran y llegaran a la misma conclusión.
