NBC News.
Más de 10,000 agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) —cuya formación se aceleró durante una campaña de contratación masiva destinada a impulsar los esfuerzos de deportación de la Administración Trump— ahora deberán someterse a una capacitación adicional, según un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), un funcionario de la Administración y una persona familiarizada con la nueva política.
La capacitación reforzada forma parte de los esfuerzos de ICE para reducir los enfrentamientos violentos durante los operativos, señalaron las fuentes. Se centrará en persecuciones vehiculares, el uso de la fuerza y de armas de fuego, así como en otros aspectos de la formación que se vieron recortados durante la oleada de contrataciones, añadieron.
Los nuevos requisitos de capacitación —que, según el funcionario de la Administración, se comunicaron esta semana a las oficinas regionales de ICE— surgen mientras la agencia continúa registrando cifras de detenciones migratorias cercanas a niveles récord cada mes, incluyendo más de 48,000 detenciones en septiembre.
La medida se produce tras recientes incidentes mortales y otros de extrema gravedad que involucraron a agentes de ICE, inmigrantes y ciudadanos estadounidenses durante intentos de arresto.
Los portavoces de ICE y del DHS no respondieron a las solicitudes de comentarios.
En julio, dos hombres murieron por disparos en Texas y Maine durante persecuciones vehiculares. La semana pasada, seis incidentes en los que participaron agentes de ICE resultaron en heridos; entre ellos, un hombre que recibió un disparo por la espalda en Austin (Texas), un ciudadano estadounidense golpeado y abandonado en el suelo en Evanston (Illinois), y un hombre cuya pierna quedó atrapada bajo un vehículo mientras huía a pie para evitar ser detenido en Albany (Georgia).
Los agentes obligados a recibir esta formación complementaria fueron contratados en el verano y el otoño de 2025 como parte de dicha oleada de contrataciones, luego de que ICE recibió 75,000 millones de dólares provenientes de la amplia ley de impuestos y gasto que el presidente, Donald Trump, promulgó a principios de ese año, según indicaron el funcionario del DHS, el funcionario de la Administración y la persona familiarizada con la nueva política.
En un intento por acelerar la contratación de nuevos agentes, ICE redujo el periodo de formación de 13 a ocho semanas. La agencia también recortó el tiempo que los nuevos reclutas debían dedicar al entrenamiento con armas de fuego y a la instrucción en el aula, según declaró en su momento Todd Lyons, entonces director interino de ICE.
Aún no está claro si la formación adicional se impartirá de forma presencial o virtual, señalaron el funcionario de la Administración y la persona familiarizada con la nueva política. Si se exige a los agentes que asistan a formación presencial, podrían ser enviados al Centro Federal de Capacitación para el Cumplimiento de la Ley (FLETC) en Georgia, lo que los apartaría de las operaciones diarias de control migratorio.
Recientemente, Trump ha suavizado el tono de sus declaraciones públicas sobre inmigración para enfatizar que el objetivo son los inmigrantes con antecedentes penales, en lugar de cualquier persona que se encuentre ilegalmente en Estados Unidos.
“Los estamos expulsando”, dijo Trump el jueves durante un acto en Denton, Texas. “Primero nos llevamos a los peores”.
Sin embargo, ICE ha seguido deteniendo a inmigrantes tanto con antecedentes penales como sin ellos. Para el 20 de julio —el último día del que se dispone de datos públicos—, más del 30% de las personas bajo custodia de ICE no tenían condenas ni cargos penales.
La Casa Blanca tampoco ha dado instrucciones especiales al DHS ni a ICE para que reduzcan el ritmo de las detenciones, según indicaron el funcionario de la Administración y un funcionario del DHS.
El fin de semana pasado, se informó a las oficinas regionales de ICE de que había habido un “malentendido” que sugería que debían centrarse únicamente en inmigrantes con antecedentes penales.
En su lugar, se comunicó a los directores de dichas oficinas que debían seguir deteniendo a cualquier persona que se encontrara ilegalmente en el país, pero dando prioridad a aquellas con órdenes de expulsión previas, a las que supusieran una amenaza para la seguridad pública y a las que tuvieran cargos penales pendientes, señaló el funcionario de la Administración Trump.
